El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que será el candidato de su partido en la sesión de investidura, por lo que seguirá en el cargo tras firmar con Ciudadanos un acuerdo por el que esta formación se compromete a abstenerse en la elección. En una rueda de prensa en la que Herrera y el líder autonómico de Ciudadanos, Luis Fuentes, han rubricado lo que denominan "Acuerdo de investidura y por la gobernabilidad de Castilla y León", el dirigente popular ha anunciado su disposición a continuar en el cargo tras semanas de reflexión y de conversaciones con el presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy.
Este le ha transmitido su "expreso" apoyo "a lo largo de los últimos días", y Herrera ha considerado "importante" este "impulso" a su candidatura y ha calculado que será en la primera quincena de julio cuando quede definido su equipo de trabajo en el Ejecutivo autonómico. Herrera ha apelado a la coherencia al ser preguntado cuál ha sido el factor determinante para tomar la decisión de continuar y ha insistido en que la prioridad en las pasadas semanas era "garantizar la gobernabilidad", aunque "en paralelo" ha hecho una "reflexión" sobre lo que los ciudadanos habían expresado el pasado 24 de mayo con su voto.
El dirigente autonómico ha dicho que está "muy acostumbrado" a la pregunta sobre si aguantará los cuatro años de la legislatura al frente de la Junta y se ha remitido a respuestas previas, en las que tradicionalmente ha defendido que en las pasadas legislaturas ha demostrado su compromiso de seguir. El acuerdo rubricado con Ciudadanos prevé la garantía de la gobernabilidad mediante la abstención en las votaciones de la investidura y "acuerdos puntuales", ya que este documento, que consta de 31 puntos, refleja que "en ningún caso sirve como pacto de legislatura", ni supone la participación en los órganos de gobierno.
Ambos se han comprometido a reunirse semestralmente para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Herrera ha reconocido que hubiera preferido que, en lugar de tratarse de un acuerdo limitado a la investidura, fuera un pacto de legislatura como el que esperan cerrar en los próximos días con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que cuenta con un procurador y que garantizaría el voto mayoritario en las Cortes para las leyes y medidas del PP.
Sobre su cambio de postura a lo largo del día respecto al acuerdo con el PP, el dirigente de Ciudadanos ha explicado que su "preocupación" era que el acuerdo con la UPL significara que se "antepusieran" los intereses de León a los del resto de provincias, pero que, tras hablar con Herrera, esos recelos se han eliminado. El líder del PP ha defendido que el acuerdo firmado hoy es "coherente" con el programa electoral que su partido llevó en las pasadas elecciones y también con el programa de Ciudadanos, por lo que incluye propuestas que ambas formaciones defendían y otras que se incorporan a propuesta de ese partido, como limitar a ocho años el paso de un político por una Consejería.
Otras propuestas incluidas en el documento rubricado hablan de promover una reforma de la ley electoral que mejore la proporcionalidad, listas abiertas, reducir los gastos electorales y la duración de las campañas y la elección de candidatos en elecciones primarias. También otras como la incompatibilidad de ser procurador y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes, este último punto dentro de una hipotética reforma del Estatuto de Autonomía. Sobre este punto, preguntados por el caso de los alcaldes de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y de León, Antonio Silván, ambos del PP, Herrera ha planteado que está supeditado a la reforma estatutaria y ha ironizado con una propuesta para que la limitación de mandatos del presidente autonómico, incluida también en el documento, se aplique con carácter retroactivo.
La publicación de todos los contratos de la Junta de forma "entendible para los ciudadanos", una nueva regulación de los conflictos de intereses para cargos salientes, la publicación de las retribuciones de los partidos, "separar de inmediato a cargos públicos o de partido imputados por casos de corrupción" y reducir el tamaño del sector público de la Comunidad son otras medidas.
