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ACOMPAÑADO DE LA PLANA MAYOR DE PDC

Homs evita hacer comentarios tras declarar cerca de dos horas ante el juez del Supremo

El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.

El portavoz de la antigua Convergència (CDC), ahora Partit Demòcrata Català (PDC), en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, ha declarado cerca de dos horas ante el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo acusado de presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos al organizar la consulta catalana del 9-N.

Acusado de presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos

Al término de la declaración ni Homs ni su abogado Sergi Blazquez han querido realizar comentario alguno y el diputado se ha montado en un coche rumbo a la sede del Govern en Madrid, el centro cultural Blanquerna.

A las puertas del Supremo no había entonces nadie para arroparle, al contrario de lo que ha ocurrido pocas horas antes, cuando Homs ha llegado acompañado por líderes del partido refundado como la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila y Meritxell Borràs; el presidente del Grupo Parlamentario de JxSí, Jordi Turull, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido, así como de diputados de Podemos, PNV y ERC.

El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria y basa su postura en la existencia de una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.

En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.

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