El expresidente madrileño Ignacio González se ha limitado este miércoles a dar al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, su versión sobre los hechos que se le imputan y sobre los que ya se ha levantado el secreto, sin pedir en esta comparecencia su libertad, que más adelante tiene previsto solicitar su defensa.
No obstante, según han informado a EFE fuentes jurídicas presentes en la declaración, González, que mostraba un aspecto "desmejorado", ha afirmado ante el juez que en su caso no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y "mucho menos" de reiteración delictiva.
La declaración se ha prolongado de las once y cuarto de la mañana hasta la una del mediodía, y ha sido solicitada por su defensa, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser detenido, ni él ni su letrado conocían los motivos que les llevaron a ingresar en prisión provisional, el pasado 21 de abril, por estar entonces toda la causa secreta.
Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña Emissao.
El presunto cabecilla de la trama Lezo solicitó declarar voluntariamente ante el juez instructor del caso para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas el pasado 21 de abril cuando se decretó prisión sin fianza tanto para él como para su hombre fuerte en Sudamérica y expresidente de Inassa (filial del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino.
Esta formulación se hizo el pasado 7 de julio una vez levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa, lo que le permite conocer con más detalle los fundamentos de la acusación, según explicaron entonces fuentes de la defensa. Su primera declaración en dependencias judiciales se produjo un día después de su detención y en ella el presunto cabecilla de la trama negó los hechos que se le imputaban y matizó que siempre había actuado en el marco de la legalidad.
El entonces instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, decretó prisión incondicional sin fianza para él y para Rodríguez Sobrino, por irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao. Por estos hechos les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación.
En su auto de prisión expuso que implicó a los directivos de la sociedad en el desvío de 25 millones de dólares de las arcas públicas a paraísos fiscales mediante una operativa que integran igualmente los también imputados Adrián Martín, exgerente del Canal, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de la sociedad.
Declaración de Rodríguez Sobrino
El pasado jueves el expresidente de Inassa prestó declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a petición propia. Durante el interrogatorio, que se alargó más de cuatro horas, evitó incriminar al expresidente regional en la trama y protegió a su hija Patricia Rodríguez, imputada en el caso y a cuyo nombre podrían estar diversas cuentas bancarias donde depositó parte del patrimonio amasado.
Tras el interrogatorio judicial fue llevado de vuelta a la prisión de Estremera, después de que la pasada semana el juez instructor ordenase su traslado a este centro penitenciario desde Soto del Real, para separarle de Ignacio González.
