Mónica Oltra

Imputan a Miquel Real, primer marido de Mónica Oltra, y a otro alto cargo por el caso de la menor tutelada

La imputación ha tenido lugar tras la declaración la semana pasada de Mónica Oltra. Ya son 15 los investigados en esta causa.

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El juez encargado del caso sobre la supuesta ocultación de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana por parte del marido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha llamado a declarar como imputados a Miquel Real, quien fue jefe de gabinete de Mónica Oltra, y al que fuera subsecretario de la Vicepresidencia, Francesc Gamero.

Miquel Real es actualmente asesor en la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, mientras que Francesc Gamero es secretario autonómico en la Conselleria de Hacienda, y con su imputación son ya 15 los investigados en esta causa.

Esta decisión se ha tomado tras la declaración como imputada de Oltra del pasado lunes, parar tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada sobre estos hechos, que constituye una "parte relevante" de la investigación.

Oltra declaró como investigada en una causa en la que están imputadas otras trece personas; todos ellos, altos cargos de la consejería que ella dirigía en el momento en que se produjeron los hechos. La exportavoz del gobierno valenciano fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia al apreciar "indicios plurales" del intento de proteger a su expareja en este caso. Aunque en un primer momento se negó a dimitir, Oltra terminó renunciando a sus cargos y esa pérdida del aforamiento provocó que la causa volviera al juzgado original.

En el momento de los hechos, la menor tenía entonces 14 años y sufrió la agresión a manos del exmarido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez, durante 2016 y 2017 y entre "dos y diez ocasiones" según la sentencia, cuando era educador del centro. Fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019.

Tres años después, la Fiscalía Superior apreció indicios de "prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos" en Oltra y los otros trece investigados.

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