Presunta corrupción
Imputan por presunta corrupción a altos cargos de los Bomberos de la Generalitat
El Departamento de Interior anuncia que no hay "ningún indicio" de que altos cargos de los Bomberos de la Generalitat se hayan beneficiado económicamente.
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Tras hallarse indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2% en reparaciones de los vehículos de servicio que nunca se llevaron a cabo, el juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha acusado de presunta corrupción a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat y al responsable de la empresa contratada para la reparación de camiones en Cataluña, Eduardo José Díaz.
Por su parte, el Departamento de Interior ha manifestado que no hay "ningún indicio" de que estos altos cargos se lucraran de estos desfalcos económicos que aseguran que existen, al comprobar "de manera recurrente episodios de insuficiencia de crédito”.
El equipo de Interior está trabajando para "revertir" la situación
Desde Interior han relacionado los disfunciones hallados con procedimiento de licitación y de mantenimiento de los vehículos, aunque aseguran que están trabajando para "revertir" esta situación, con medidas como una mejora en la gestión de los circuitos de control de la ejecución de los contratos, un proceso de licitación que amplíe la concurrencia y una dotación presupuestaria suficiente para atender las "necesidades reales" del servicio.
La empresa encargada de realizar reparaciones en los vehículos de los Bomberos en Cataluña lleva siendo desde el años 2002 Iturri S.A., cuyo dirigente también se encuentra imputado.
Este tipo de labores con este tipo de vehículos requiere una complejidad añadida, ya que, dada la particularidad de estos camiones y su necesidad permanente para atender a todo el territorio. El envío a reparación de estos camiones conlleva también un proceso a menudo lento, ya que hasta que llega a taller, al tratarse de un vehículo público, ha de ser comprobado previamente por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS). Todo esto, provocaba un "retraso importante" en la facturación que dificultaba el control de la disponibilidad del crédito.
A finales de 2021, la empresa Iturri S.A. había consumido el 71% del crédito anual disponible que se deriva a este servicio, lo que ha provocado una investigación ante estos elevados números.
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