El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, considera que en el caso de que finalmente devenga firme la fianza de casi 8,2 millones de euros impuesta por el juez instructor del caso Nóos contra él y su exsocio Diego Torres, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad. Además, denuncia que ha visto vulnerado su derecho de defensa.
Así lo manifiesta en el recurso interpuesto contra dicha fianza, que se presenta, según su abogado, "a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Tanto Urdangarin como Torres tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.
Según la defensa del Duque, éste se vería "abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia". "Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos", asevera el letrado Mario Pascual Vives.
El abogado de Urdangarin recuerda que del Instituto Nóos "sólo percibió la sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros". A juicio del letrado, la cantidad decretada "resulta desproporcionalmente excesiva" y, en caso de resultar la definitiva, "supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad".
En su recurso de reforma, la defensa de Urdangarin alude a la "inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo" del contenido de determinados documentos, cuya elección "también ha sido subjetiva", así como de parte de determinadas declaraciones en sede policial y judicial, que "impiden emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses".
"La extemporánea, novedosa y sorpresiva introducción por parte del magistrado en las páginas 293 a 510 (ahí es nada)" de los anteriores documentos y comparecencias causa, insiste en su recurso, "una indefensión a esta defensa al transgredirse el principio acusatorio".
