Procés
Los independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas garantizarán la fianza con sus bienes personales
Mañana se cumple el plazo para pagar los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal. Mientras, la Generalitat continúa buscando un aval bancario con el que afrontar la deuda
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La mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por los gastos de promoción del "procés" en el exterior depositarán bienes y propiedades personales para cubrir al máximo la suma exigida dentro del plazo fijado, que vence mañana miércoles.
Los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada "caja de resistencia", puesto que el Govern no ha encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y ha descartado hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad.
Unos de los discursos más repetidos por la Generalitat, así como por los independentistas indultados e incluso algunos socios del Gobierno, como Unidas Podemos y ERC, es la necesidad de condonar esa sanciones. Políticos como Gabriel Rufián han llegado a tachar "chiringuito" o de "organismo alegal" al Tribunal de Cuentas.
Otros, como el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, han ido más lejos asegurando que dicho Tribunal es "franquista y antidemocrático".
La Generalitat busca aval
En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Govern sigue buscando una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación, a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el ejecutivo catalán.
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La semana pasada, el Govern acordó transferir 10 millones de euros a dicho fondo, procedentes de fondos extraordinarios de diversos departamentos, para "dar cobertura a servidores públicos" en aquellos procesos judiciales o administrativos en que se vean envueltos por actuaciones en el ejercicio de sus funciones.
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