La cantidad es lo solicitado por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en su escrito de acusación, como beneficiaria a título lucrativo. Se trata de la mitad de los fondos que, según Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, al 50 %, y que destinaron a pagar gastos personales. El fiscal Horrach considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
El fiscal, en cambio, ha solicitado al juez de Palma de Mallorca que instruye el caso, José Castro, que no lleve a juicio a la infanta Cristina, porque no hay indicios para acusarla. Horrach sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182.005 euros de IRPF en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta. Además, la empresa ingresó 837.638 euros de origen ilícito procedentes de la apropiación de caudales públicos desde el Instituto Nóos. Las tres cantidades se usaron en gastos de carácter personal y familiar que repercutieron en beneficio de los dos socios, por lo que la responsabilidad de la infanta alcanza un 50 % de su suma.
Por su parte, la Abogacía del Estado reclama a la infanta una responsabilidad civil a título lucrativo de 168.571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por Urdangarin a Hacienda. Según lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, la infanta podría ser condenada a pagar esa responsabilidad civil en caso de que Urdangarin fuera condenado en el juicio del caso Nóos. El despacho de Miquel Roca ha solicitado al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra la infanta Cristina en el caso Nóos al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla la Abogacía del Estado, ni ninguna otra acusación particular.
Para el duque de Palma, la acusación pública solicita una pena de 19,5 años de cárcel y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. Para su exsocio Diego Torres el fiscal pide 14,5 años de cárcel, mientras que para su esposa, Ana María Tejeiro, solicita 2 años de prisión por blanqueo y que devuelva 1.144.240 euros.
