El sindicato Manos Limpias ha advertido de que la Infanta Cristina podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes con la venta del palacete que, junto a Iñaki Urdangarin, posee en el barrio barcelonés de Pedralbes, puesto que la operación inmobiliaria impediría que el inmueble pudiera ser embargado en caso de que la Duquesa no hiciera frente a la fianza civil de 2,6 millones de euros que le impuso el juez José Castro en el marco del caso Nóos.
Mediante un escrito, la entidad, personada como acusación popular en la causa, reclama que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma espere hasta el próximo 1 de abril para autorizar el levantamiento del embargo que pesa sobre la mitad de la vivienda, correspondiente a Urdangarin, y que permitirá llevar a cabo la venta. Y es que se trata de la fecha en que finalizará el plazo fijado para que los acusados del caso puedan pagar las fianzas que pesan sobre ellos, y "ya sabremos si la Infanta ha asegurado sus responsabilidades civiles".
De este modo, en caso de que la hermana del Rey Felipe VI no abonase la caución -de los 2,6 millones de euros, ha pagado 587.413-, el Juzgado podría proceder al embargo de la mitad del palacete propiedad de la acusada. Por el contrario, en caso de que el inmueble ya hubiera sido vendido, "estaríamos privando de un bien a la causa que poder embargar (...) y, por ende, podríamos estar incluso en presencia de un delito de alzamiento de bienes", incide.
En total, los procesados deberán abonar 61,3 millones de euros en fianzas civiles a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
Fue la pasada semana cuando Castro ordenó al registro de la propiedad número 8 de Barcelona que cancele el embargo de la mitad perteneciente a Urdangarin, después de que los Duques se comprometiesen a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por esa mitad una vez vendan su vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.
En cualquier caso, la defensa de Urdangarin mantiene el recurso de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Baleares de cara a modificar las condiciones de la venta. Y es que el marido de la Infanta Cristina reclama poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF de 2009- con los fondos que obtendría con la operación inmobiliaria, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros.
