La inspectora de la Agencia Tributaria que investigó al instituto Nóos y a la sociedad Aizoon, copropiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha descartado hoy ante el juez José Castro que la hija del Rey cometiera el delito fiscal por el que declarará como imputada el 8 de febrero. Además de esta funcionaria, la responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que también ha prestado testimonio ante el instructor de Nóos, ha asegurado que no ha apreciado indicios de blanqueo de capitales en los gastos con fondos de Aizoon que hizo doña Cristina en la reforma de su vivienda, han informado fuentes jurídicas. Las funcionarias han comparecido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de rebatir la existencia de indicios por los que el instructor citó a la infanta Cristina como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La inspectora de la Agencia Tributaria de Cataluña, que ha abierto sobre las 9.30 horas una jornada de declaraciones que se ha prolongado por la tarde, se ha ratificado en el informe provisional que emitió a principios de 2013, en el que se apuntaban indicios de delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, pero no por parte de la infanta Cristina. Ha detallado que ya desde un principio, cuando inició una inspección en enero de 2011, antes de que comenzara la instrucción del caso Nóos, al entrar en la base de datos de sociedades supo que la infanta Cristina era una de las propietarias al 50% de la empresa Aizoon que estaba investigando y ha asegurado que nunca se sintió presionada, ni recibió directrices al respecto.
También ha explicado que en la inspección que abrió sobre Aizoon y Nóos incluyó a Urdangarin y a Torres porque eran quienes figuraban como administradores de ambas empresas. Incluyó también a Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, porque los movimientos bancarios que ella realizó, al sacar 148.000 euros en efectivo e ingresarlos unos días después en otra cuenta, fueron los que motivaron el inicio de la inspección de oficio.
Preguntada por tres facturas que suman más de 69.900 euros, por trabajos que supuestamente contrató Aizoon a la empresa Intuit (propiedad de Torres), la inspectora ha señalado que en su informe provisional ella no calificó dichas facturas, pero sí las incluyó junto a centenares más, que podían amparar un reparto de beneficios entre Urdangarin y Torres al 50%. El juez Castro cuestionó en el auto en el que cita a declarar a la infanta Cristina que la Agencia Tributaria, al calcular la liquidación del impuesto de sociedades de Aizoon, imputara dichas facturas como gasto deducible, cuando anteriormente en otro informe las había calificado de falsas.
En relación con un posible fraude en el impuesto de sociedades de Aizoon, la inspectora ha explicado que no se puede imputar un delito fiscal a una persona jurídica, sino a una persona física. Ha añadido que se debe descartar el delito fiscal en Aizoon. La inspectora de Policía que investigó los pagos realizados por los Duques de Palma para la reforma de su vivienda de Barcelona, ha descartado que la hija menor del Rey blanqueara dinero, obtenido ilegalmente por Nóos, al realizar gastos personales con fondos de Aizoon, según las mismas fuentes. Además de la inspectora fiscal y la policía, han declarado otros cuatro representantes de empresas que han ratificado que contrataron y pagaron a Urdangarin como asesor en sus consejos de administración.
Después, y durante más de dos horas, han declarado en calidad de peritos dos inspectores de Hacienda que escrutaron, a instancias del juez, la actividad económica de la infanta a través de Aizoon y llegaron a la conclusión de que la duquesa de Palma no cometió delito fiscal. Por último, poco después de las 19.00 horas, se ha iniciado la prueba pericial del técnico propuesto por Manos Limpias que sostiene que doña Cristina sí defraudó más de 120.000 euros en un año.
Los tres representantes de la Agencia Tributaria se han quedado en la sala por si fuera necesario confrontar argumentos. Por la mañana, antes de que empezaran las declaraciones judiciales, el juez Castro ha informado a las partes de que la declaración como imputada el 8 de febrero de la infanta solo se grabará en audio, y no en vídeo, a petición de su defensa. Según han informado fuentes judiciales, el abogado de la duquesa de Palma, Jesús María Silva, ha solicitado al juez que se evite el registro de imágenes de su cliente cuando comparezca, algo a lo que se han opuesto los representantes legales de la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, y de Diego Torres, exsocio de Urdangarin.
La abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete ha anunciado que recurrirá la decisión porque considera que supone "un privilegio" que demuestra que todos los ciudadanos no son iguales ante la ley. Para la abogada, la imagen y el lenguaje corporal que muestre la infanta también son importantes, y ha recordado que, como en anteriores ocasiones, estas grabaciones permanecen custodiadas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, que lleva esta causa.
