El Ministerio del Interior ha detectado que entre el colectivo de presos etarras hay ya divisiones, lo que demuestra que el estado de Derecho ha triunfado y que los terroristas acabarán entendiendo que "lo mejor que pueden hacer es cumplir la ley".
Lo asegura el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista en la que subraya que, una vez que "ETA forma parte del pasado" y de que la banda "son sus presos", está en manos de la organización disolverse o en la de sus reclusos que el Gobierno ponga fin a la política penitenciaria de dispersión.
"Estamos viendo estos días que ya se está produciendo una división en el conjunto de la población penitenciaria etarra", avanza el ministro, para quien estas tensiones ponen de manifiesto que el estado democrático ha derrotado a los terroristas, que "acabarán entendiendo que lo mejor que pueden hacer es cumplir con la ley porque así tendrán acceso a los beneficios como el resto de reclusos".
Fernández Díaz recuerda que si los presos etarras individualmente se desvinculan de la organización, reconociendo el daño causado y pidiendo perdón a las víctimas, "estarán en condiciones de empezar los procesos de reinserción individualizados en el marco de la ley que ya se desarrolla en cárceles del País Vasco.
A Interior no le preocupa pero sí le "ocupa" la posibilidad de que cierto reducto de ETA esté dispuesto a volver a la violencia. "No creo que sea necesario ir más allá; no preocupa, ocupa porque te tienes que ocupar de eso pero no preocupa especialmente".
"Nuestro trabajo es que esto quede cerrado y bien cerrado", añade Fernández Díaz, para quien lo importante ahora es "imponer el relato de lo sucedido", el de la verdad histórica de una organización terrorista que mediante la socialización del terror ha pretendido imponer su proyecto totalitaria y excluyente al resto de la sociedad "y no lo ha conseguido".
Del dirigente abertzale Arnaldo Otegi, el ministro reitera la doble condena de inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo hasta 2021 que le fue impuesta por el Tribunal Supremo, por lo que si decide presentar su candidatura como lehendakari, será la junta electoral y, por ende, la ley electoral la competente para decidir si ese candidato "cumple con todos los requisitos".
"La junta electoral recibiría el fallo del Supremo como le pasaría a cualquier otro ciudadano que tuviera esa con inhabilitación. Este es el mecanismo que opera y eso es lo que hay en estos momentos", concluye.
