El que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su círculo familiar más íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque "carecen de justificación real y lógica comercial". En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.
Toda la familia
En el 'caso Morodo' se investiga, además de al que fuera embajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL. Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional. Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.
Entramado de sociedades en territorios opacos a Hacienda
Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia "que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces". El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones "sospechosas" realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción "de importantes cantidades de dinero desde Venezuela" y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente "en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza". A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA y de otra mercantil denominada PDVSA IBERICA SA. Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas -Morodo fue también embajador de España en Portugal-, algunas de ellas "cargos políticos relevantes en Portugal". Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas. En la declaración en el juzgado, Morodo negó tener cuentas en el extranjero más allá de las habituales por su actividad.
