La investigación sobre Zaplana rastrea el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales

La defensa de Eduardo Zaplana ha solicitado a la juez que ordenó su detención que lo ponga en libertad debido a la leucemia que padece, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía, mientras la investigación, a la espera de que los arrestados pasen este jueves a disposición judicial, se ha centrado en el despacho que el exministro tenía en Telefónica. Después de asistir al registro de su oficina en la Gran Vía de Madrid, Zaplana ha sido trasladado de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos para pasar la noche y está previsto que este jueves pase ya junto al resto de detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado del caso, según han señalado fuentes de la investigación.

La petición de los abogados de Zaplana se fundamenta en su estado de salud, pues en 2015 se le diagnosticó una leucemia y, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el Hospital de la Fe de Valencia, aunque la Fiscalía ha decidido oponerse debido a que ayer fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros. Zaplana fue detenido a primera hora de la mañana de este martes y desde entonces ha estado custodiado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha estado presente en los registros de sus domicilios y de su oficina y este martes pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia.

Este miércoles por la tarde, agentes de la UCO se han dirigido a las oficinas de Telefónica de la Gran Vía madrileña junto a Zaplana, donde han permanecido durante algo más de dos horas -allí trabajaba hasta ayer en su área de Asuntos Públicos-, y finalmente no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras. El exministro fue arrestado en el marco de la operación Erial por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo junto a otras seis personas, entre ellas dos sobrinos de Juan Cotino, ex director general de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes. Precisamente Juan Cotino ha sido citado a declarar este jueves ante la Guardia Civil en Valencia como investigado por la Guardia Civil, que lleva todo el día practicando registros relacionados con esta causa, entre ellos en el Ayuntamiento alicantino de Villajoyosa en busca de documentación urbanística.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de al frente de la Generalitat Valenciana, según han informado fuentes de la investigación. Los investigadores de la UCO se han personado en la sede de la Conselleria de Economía y han practicado una veintena de registros para recabar documentación sobre contratos públicos, entre ellos de la concesión de la ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano.

Las citadas fuentes han cifrado en diez millones el dinero que se habría abonado presuntamente en concepto de comisiones ilegales para beneficiarse de la adjudicación de esos contratos, si bien precisan que, de momento, se está investigando el destino y los beneficiarios de ese esos fondos.

El resto de detenidos son los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos el exvicepresidente del Consell, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria; Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo del parque temático Terra Mítica, y la mujer de éste último.

Barceló dirigió también el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm, localidad en la que Zaplana fue alcalde antes de pasar a presidir la Generalitat, y también fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo. Por su parte, Juan Francisco García, detenido en Barcelona, es el expresidente del Club de Baloncesto Estudiantes y se encontraba en esta ciudad porque es uno de los tres candidatos a presidir la ACB, que está celebrando su asamblea.