Ley del aborto
Irene Montero acusa al CGPJ de no hacer "su trabajo" al aprobar la nueva ley del aborto sin su informe
Montero vuelve a cargar contra el Poder Judicial por sacar adelante la nueva ley del aborto sin el informe preceptivo de Igualdad.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este artes la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que podrá permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin el consentimiento de sus padres. Uno de los principales objetivos es que se produzcan en su mayoría en centros sanitarios públicos. Tras la aprobación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha culpado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que esta reforma haya salido adelante sin el informe preceptivo del organismo que dirige.
Acusa al CGPJ de no hacer "su trabajo". Así lo ha indicado en declaraciones a RNE recogidas por la agencia Europa Press. Montero denuncia que el organismo jurídico "no ha cumplido con la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece con claridad cuáles son los plazos que tiene para poder emitir estos informes". Dice que su departamento "no pude limitar ni paralizar una ley" de "derechos fundamentales" de las mujeres.
Montero señala que "si en algún momento" el CGPJ "hace su trabajo", su ministerio "incorporará el informe preceptivo al expediente" de la ley. En esta línea, la ministra de Igualdad vuelve a cargar contra el Poder Judicial. El pasado mes de abril indicaba: "Si me preguntan si me sorprendería que el Consejo General del Poder Judicial manifestara su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería". "Lo que me sorprendería es lo contrario", apuntó.
Brindar la salud pública en materia de abortos
La nueva ley del aborto blindará este derecho dentro de los centros de la sanidad pública, así lo detallaba Irene Montero. La titular denunciaba que por ejemplo, en ningún hospital público de la Región de Murcia se ha realizado ninguna interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, ha explicado que todo el personal sanitario tiene el derecho garantizado de objeción de conciencia a no practicar un aborto.
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Por ello, las comunidades deberán crear un registro de objetores sanitarios que no quieran realizar la interrupción voluntaria del embarazo para que en los servicios públicos haya siempre profesionales suficientes para poder practicarlo. La nueva ley garantiza también la dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia, conocida como 'píldora del día después', en los centros de salud y en los servicios especializados en salud sexual y reproductiva.
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