Ley 'solo sí es sí'
Irene Montero continúa con su defensa a ultranza del 'solo sí es sí' y asegura que no hay que modificar nada: "Es una ley sólida"
Tras la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Arandina' y a pesar de la rebaja de un año de prisión a los condenados debido a la ley del 'solo sí es sí', la ministra de Igualdad ha defendido la ley
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Con la ley del 'solo sí es sí' generando polémica, el Tribunal Supremo se pronunció en el día de ayer al respecto. La sentencia del Tribunal Supremo a dos de los miembros del 'caso Arandina', donde se ha tenido en cuenta la nueva ley, puede ser clave para la determinación de un camino a seguir con respecto a su aplicación en el futuro.
A pesar de que la sentencia del Supremo agrava las penas de los acusados, las condenas se han visto rebajadas un año debido a la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Aun conociendo la noticia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha seguido apoyando la ley y asegurando que "es una ley sólida que permite proteger a todas las víctimas".
Con total convicción y sin un ápice de predisposición al cambio, Montero ha insistido en que la ley no necesita ninguna modificación. El apunte de la ministra hacia este caso ha sido que gracias a la nueva ley el 'caso Arandina' "es agresión y no abuso". Por este motivo, ella lo considera un avance que no se debe modificar.
Rebajas a causa de la nueva ley
Algunas condenas siguen rebajándose con la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Ya son un total de 38 las condenas revisadas y rebajadas por las diferentes audiencias provinciales y al menos 11 las excarcelaciones que se han llevado a cabo desde la entrada en vigor de dicha ley.
Tras la incertidumbre sobre cómo aplicar la ley de manera correcta, cada audiencia provincial ha seguido su propio criterio dependiendo de cada caso. De quienes se han pronunciado al respecto, 17 audiencias provinciales se han mostrado a favor de revisar condenas y tan solo 2 se han mostrado en contra de hacerlo.
Ante esta primera decisión del TC sobre la aplicación de la ley en el 'caso Arandina', el camino unánime sobre cómo aplicarla en futuros casos puede estar más cerca.
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