Irene Montero y Pablo Iglesias piden cárcel para la persona que fue "a diario" a protestar a su casa de Galapagar

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, han pedido un año y medio de cárcel para Miguel Ángel F.D., la persona que iba a diario a su casa de Galapagar durante siete mesesa acosar e insultar a su familia.

En el escrito acusación, al que ha tenido acceso Efe, Pablo Iglesias e Irene Montero relatan las situaciones que se vivieron durante el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020 en su vivienda de Galapagar, donde se sucedieron protestas a diario y acusan al querellado de cuatro delitos: coacciones continuadas, acoso continuado, injurias graves contra las instituciones del Estado y descubrimiento y revelación de secretos.

Entre esos episodios en su casa de Galapagar, citan la exhibición de pancartas en las que se llamaba a Pablo Iglesias "hijo de terrorista" y a Irene Montero "ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas", las caceroladas o el uso de altavoces para proferir consignas como "no nos vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela" o "garrapata".

También explican que el acusado se saltó el perímetro de seguridad y, grabó el interior de la casa hasta que el exvicepresidente le vio.

La condena que piden para él es de un año y seis meses de cárcel, además de una multa de 9.000 euros y una indemnización a la familiar por valor de 20.000 euros.

"La presencia y actividad diaria de Miguel F. en las inmediaciones de la vivienda impuso a la ministra y en aquel momento vicepresidente del Gobierno una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales, derivada de la limitación de movimiento de los querellantes y sus familiares, los ruidos y sin dudarlo la incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad", expone el escrito.

El 29 de diciembre de 2020 un juzgado le impuso una orden de alejamiento de 500 metros respecto a los querellantes.

Para Irene Montero y Pablo Iglesias, el daño sufrido "alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los 3 hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad".

Los querellantes solicitan al juez que requiera al acusado una fianza de 20.000 euros para asegurar la posible responsabilidad civil.

La asociación de fiscales denuncia que García Ortiz pudo manipular un móvil durante el registro de su despacho