Jordi Pujol Ferrusola durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament

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EN PRISIÓN PREVENTIVA DESDE EL 25 DE ABRIL

Jordi Pujol Ferrusola pide quedar libre ante "las sospechas policiales sin fundamento"

Los abogados del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol afirman en un escrito que el juzgado "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento" y aseguran que durante cinco años no se han podido identificar pruebas sobre la presunta culpabilidad de Pujol Ferrusola.

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola ha pedido a la Audiencia Nacional que deje en libertad al primogénito del expresidente catalán, porque el juzgado "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento", ya que en cinco años no se ha probado que sus fondos procedan de comisiones ilegales.

En un escrito, los abogados de Jordi Pujol Ferrusola, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 25 de abril, piden al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que le deje en libertad, añadiendo nuevas medidas cautelares a la prohibición de salir de España, como impedirle que se acerque o comunique con testigos clave o entidades bancarias.

Según los abogados, la "profusa y exhaustiva" investigación durante cinco años "no ha permitido identificar" pruebas sobre la comisión de los delitos que se atribuyen a Pujol Ferrusola en sucesivos informes policiales que, "sin mayores aditamientos probatorios, repiten como un mantra que los ingresos provienen de 'comisiones ilícitas' o de la 'comisión de diferentes delitos entroncados con la corrupción'".

"Estas afirmaciones u otras de idéntico tenor se repiten como un latiguillo, mas no por repetirse resultan procesalmente aprovechables", advierte el recurso, en el que los abogados de Pujol Ferrusola sostienen que el juzgado "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento".

En el escrito, los abogados niegan que Pujol Ferrusola haya ocultado su patrimonio durante la instrucción y avisan que sostener, como hace el juez, que no ha aportado pruebas de descargo sobre el legado familiar, "produce una inquietante inversión de la carga de la prueba, impropia de los parámetros de la garantía del Estado de Derecho concretados en el principio acusatorio y la presunción de inocencia".

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