El diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, encarcelado por rebelión por orden del Tribunal Supremo, se replantea ahora su apuesta por abandonar el escaño e incluso está abierto a optar de nuevo a la investidura como presidente del Govern, tras el espaldarazo que cree haber recibido de la ONU.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa el abogado de Sànchez, Jordi Pina, que ha desvelado que Sànchez se replantea la renuncia al acta de diputado, que ofreció sin éxito al juez Pablo Llarena el pasado 20 de marzo para quedar en libertad, e incluso está abierto a volver a optar a la investidura como presidente de la Generalitat, a lo que renunció el pasado 21 de marzo, ya que está a disposición de lo que decida el grupo parlamentario de JxCAT.
Sànchez se replantea su futuro después de la respuesta de la ONU a la demanda que interpuso ante este organismo internacional, en la que su defensa entiende que han obtenido un espaldarazo a sus peticiones a la hora de solicitar que se respeten sus derechos políticos, según ha indicado Pina.
La defensa de Sànchez ha presentado ante el juez Pablo Llarena un escrito acompañado de una copia de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde dos miembros de este organismo piden al Estado español que "tome todas las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
"Hemos hecho lo que tocaba, que es advertir al juez de esta nueva circunstancia", ha dicho Pina en relación al escrito, en el que piden a Llarena que "tenga presente y respete" la decisión de la ONU "en caso que el Parlament considere volver a proponer la investidura de Sànchez".
El abogado tuvo un encuentro con Sànchez en la prisión de Soto del Real el pasado sábado, 24 de marzo, durante el cual le planteó al exlíder de la ANC varias hipótesis futuras", a lo este declaró estar "abierto a todo" y mantenerse "a la disposición" de su grupo parlamentario, el de JxCat.
Pina ha comparecido ante los medios acompañado del experto en derecho internacional Nico Krisch, miembro del equipo jurídico que defiende a los políticos catalanes presos y huidos, que ha hablado sobre el posible impacto de la resolución del Comité en el resto de causas judiciales abiertas. Según Krisch, abogado y especialista en derechos humanos, el acuerdo de medidas cautelares aprobado por el Comité de la ONU es una "medida muy excepcional" que normalmente se da "en casos de violaciones a la integridad física o a la vida" y "normalmente no afecta a países de Europa Occidental". "Si un estado no cumple con estas medidas se trata de una violación directa del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos", ha asegurado el abogado. Por lo tanto, "España tiene la obligación de cumplir", ha apuntado Krisch, que ha señalado esto como uno de los puntos alegados por la defensa en el escrito presentado hoy ante Llarena.
Además de la demanda de Sànchez, se han presentado ante el Comité otras con respecto a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Carles Puigdemont, aunque el abogado ha afirmado que "seguramente habrá más demandas en relación con otros presos". El experto en derechos humanos ha dicho sobre la estrategia de defensa de los presos catalanes que "se trata de una estrategia global que ha recibido apoyo internacional", como el del
Comité de la ONU o el International Human Rights Watch, que "han expresado su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva". También ha asistido a la rueda de prensa el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que ha calificado la resolución de la ONU de "un gran éxito jurídico" que "pone a España en el punto de mira de las organizaciones internacionales". "Mientras estaban dinamitando el proceso de investidura, el Comité nos ha dado una grandísima victoria", ha celebrado Costa, quien ha asegurado que esto "tendrá efectos en otras causas".
