José Antonio Griñán
José Antonio Griñán presenta nuevos informes sobre su cáncer de próstata para intentar evitar la cárcel
El expresidente de la Junta de Andalucía, condenado por el Caso de los ERE, envía nuevos informes al juez para acreditar el estado de su enfermedad y solicitar de nuevo que se suspenda su entrada en prisión fijada, como muy tarde, para este domingo 1 de enero.
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Hasta el último momento, la defensa de José Antonio Griñán intenta evitar su entrada en prisión.
El expresidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado por los ERE a 6 años de prisiónpor delitos de malversación y prevaricación, tiene de plazo hasta el próximo 1 de enero de 2023 para entrar en la cárcel; sin embargo, por su estado de salud y su avanzada edad, 76 años, su abogado trata, por todos los medios, de suspender su ingreso.
Por eso, ha vuelto a presentar un escrito en la Audiencia de Sevilla con nuevos informes tras las pruebas realizadas el pasado 27 de diciembre que confirmarían el alto riesgo del cáncer de próstata que padece y el tratamiento al que se está sometiendo. Su primera sesión de radioterapia estaría fijada para este mes de enero.
"Podría reducir su expectativa de vida"
En los informes remitidos se advierte de que el ingreso en un centro penitenciario "incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en onco-urología y "podría reducir su expectativa de vida". Por ello se pide la suspensión de su entrada en prisión. Ahora será la Justicia la que tenga que evaluar y determinar qué hacer. La Audiencia acordó el pasado viernes que un forense analice el estado de salud de José Antonio Griñán, de 76 años, antes de decidir si tiene en cuenta la petición de suspensión de su ingreso en la cárcel.
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No es el único condenado por este caso que tiene de plazo hasta el día 1 para entrar en la cárcel; otros cinco ex altos cargos de la Junta deberán hacerlo este domingo. También ese plazo la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez-Aguayo, que ha preferido no agotar los plazos. Es la primera condenada por los ERE que ya ha entrado en prisión. Está condenada a seis años de cárcel.
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