Jueces critican al Consejo General del Poder Judicial por la falta de un portavoz que explique sentencias como la de 'La Manada'

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denuncia la carencia de política de comunicación del Poder Judicial y la falta de un portavoz que explique a la ciudadanía en "lenguaje comprensible" los motivos que llevan a un juez a dictar una resolución, como la sentencia de 'La Manada'.

En un comunicado, la asociación acepta y entiende las críticas a las resoluciones pero critica que el Consejo General del Poder Judicial carezca de la figura de un portavoz que dé servicio a los ciudadanos, con mayor pedagogía en las sentencias y que explique el porqué de esas resoluciones.

"La falta de instrumentos hábiles -lo cual corresponde impulsar al Consejo General del Poder Judicial- de comunicación, contribuye a hacer incomprensible para el ciudadano las resoluciones judiciales de interés público, favoreciendo un caldo de cultivo propicio a malentendidos, desinformación y medias verdades", lamenta la asociación en un comunicado.

A juicio de la AJFV, esta carencia es aprovechada por algunos políticos que, "de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos" y su propio mandato constitucional, depositan toda la responsabilidad en el Poder judicial y usan políticamente un hecho "triste y traumático" para una mujer.

"Más escandalosa", añade la asociación, es la actitud del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque con sus declaraciones trata de subirse a la "tabla de salvación" de la sentencia mediática de la Manada para situarse frente al Poder Judicial "al que ni comprende ni protege ni provee de medios".

Por todo, reclama al CGPJ que adopte una verdadera posición activa de defensa del Poder Judicial, cuyo deber es protegerse a sí mismo y a los jueces "frente a ataques irresponsables" del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Catalá aseguró ayer, en declaraciones en La Sexta, que el Gobierno presentará "en semanas" una primera propuesta al resto de partidos de reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales.