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LECTURA DE UN MANIFIESTO

Los jueces, fiscales y la Abogacía española piden a Gallardón que "rectifique"

El acto público de protesta contras las medidas emprendidas por Gallardón es un paso previo a las concentraciones a las que están llamados jueces, fiscales y la Abogacía española.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y  organizaciones de consumidores y usuarios -un total de 18 colectivos-,  han celebrado un inédito acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que han coincidido en criticar duramente la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, al que exigen que "rectifique" para evitar una "mercantización" y "privatización" de este servicio que nos sitúa en épocas "precnostitucionales".

El acto se ha celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, y en él han intervenido brevemente representantes de todas las organizaciones convocadas para coincidir en la realización de un diagnóstico muy negativo sobre la situación de la Justicia. 

Advierten del coste para los derechos de los ciudadanos que tendrán proyectos la ley de tasas, la cesión a registradores o notarios de trámites realizados ahora por el Registro Civil o la práctica desaparición de los jueces sustitutos, entre otras políticas.

Pese a la insistencia de los periodistas presentes en el acto, a cuyo término se leyó un comunicado conjunto, los participantes no consideran que sea ahora el momento de plantear huelgas como las que se desarrollan en los sectores educativo y sanitario y tampoco han dado el paso de pedir la dimisión del ministro con excepción de dos asociaciones de secretarios judiciales.

No obstante, consideran que Ruiz-Gallardón ya no es interlocutor válido, porque se ha dedicado ha "descalificarlos" desde los medios de comunicación, sin tratar de llegar a consenso alguno, y han pedido una reunión con el preside del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante su intervención, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha manifestado que los planes del Ministerio suponen pasar de "la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en efectivo", y ha lamentado que tras un año de gestión Ruiz-Gallardón ni siquiera haya visitado los juzgados para conocer la situación real.

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