Las asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Ministerio de Justicia que paralice la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y no han descartado convocar una huelga ante lo que consideran un "ataque" a los funcionarios con los recortes salariales para este colectivo adoptados por el Gobierno.
Así lo han expresado la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un comunicado conjunto tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
Un encuentro que, según Pablo Llarena, portavoz de la APM, se convocó el viernes pasado para trasladar al Ministerio su "inquietud profesional" por no haber percibido aún la liquidación correspondiente al ejercicio 2011 contemplada en la ley de retribuciones variables y que sí han recibido el resto de trabajadores públicos.
A ello se ha unido el paquete de medidas urgentes aprobadas por el Gobierno el pasado viernes y que contempla un recorte en los sueldos de los empleados públicos, que ha incrementado el malestar entre jueces y fiscales y que también han mencionado en la reunión.
Para estos profesionales, el Ejecutivo está "aprovechando la situación de crisis económica e institucional que atraviesa el país" para impulsar medidas legislativas y económicas "cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento" del Poder Judicial, atacando así a su independencia e imparcialidad. Se refieren así a la propuesta de reforma del Poder Judicial, elaborada por una comisión de expertos, avanzada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 6 de julio, y a los ajustes en el sueldo y condiciones de los empleados públicos aprobados por el Gobierno.
Por ello, las asociaciones firmantes llaman a jueces y fiscales a actuar "con prudencia en el desempeño de sus funciones, no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo" y aseguran que han iniciado la coordinación con otros cuerpos de la Administración Pública para adoptar medidas de protesta conjuntas.
En este sentido, han acordado además la creación de una comisión conjunta y permanente de los representantes de las asociaciones que canalizará "todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga".
