Limitar la acusación popular
Los jueces piden a Europa que intervenga para frenar la propuesta del PSOE de limitar la acusación popular
La asociación sostiene que esa propuesta favorecerá "su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria".
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su "intervención" en una carta. La asociación expresa su "preocupación" por la propuesta del PSOE que contempla limitar la acusación popular.
Mediante un comunicado, la APM entiende que la proposición de ley registrada por los socialistas es "un nuevo ataque" al Estado de derecho. El motivo es que, "de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción".
La asociación sostiene que esa propuesta favorecerá "su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas".
Asimismo incide en que "la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas".
Recuerdan también que "pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados". "Sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica", concluye.
PP y Sumar, en contra de la limitación de la acusación popular
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado que su partido actuará en todos los ámbitos contra el "atropello democrático" que supone, a su juicio, la proposición de ley del PSOE que pretende limitar la acusación popular. "Contra este atropello democrático y este intento de impunidad con nombres y apellidos por la posible comisión de delitos vamos a impulsar todas las iniciativas que están en nuestro alcance, de orden político, de orden institucional y de orden social", ha afirmado.
El dirigente popular ha avisado que el PP no permitirá "retroactivamente" que se concedan "amnistía" que es lo que, a su juicio, plantea Pedro Sánchez con esta proposición de ley. "Y la iniciativa del PSOE y del Gobierno no solo limita la acción popular, que también, sino que lo que limita es la dignidad de las instituciones", ha añadido.
De igual modo ha afirmado Sumar. El portavoz del partido, Ernest Urtasun, ha manifestado el rechazo de su formación a la limitación de la acusación popular que plantea el PSOE. Ha desgranado que siempre son claros y no están de acuerdo en limitar la acusación popular a la hora de recurrir a la justicia, dado que es un "instrumento fundamental" que van a defender.
"Por tanto, no vamos a avalar una limitación de algo que por otra parte el mundo de la judicatura está saliendo en las últimas horas a defender como un instrumento importante", han explicado.
Ley de limitación de acusación popular
El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
Con esta medida busca garantizar la protección frente al acoso de acciones judiciales abusivas y garantizar los derechos fundamentales. El Gobierno así lo ha considerado tras las quejas de los socialistas en los últimos meses por que consideran un acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno en los tribunales.
La norma quiere limitar el papel de las acusaciones populares "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". Además, plantea que se aparte a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos para no correr el riesgo de convertirse "en una politización de la Justicia".
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