El juez instructor del caso Palma Arena, del que forman parte las pesquisas sobre las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, acusa al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de usar su "parentesco" con la Casa Real y aprovechar esta "área de influencia" para acudir a "altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables" y obtener así adjudicaciones y contratos de las Administraciones públicas.
En un contundente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar tediosa", entre los negocios urdidos por el marido de la Infanta Cristina tanto en Valencia como en Baleares, y en la que se ampara para desestimar la cuestión de competencia planteada por el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón.
Así, después de que el imputado solicitase que el magistrado se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en Valencia en favor de un Juzgado de esta ciudad, petición a la que se han opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo tanto en Valencia como en Baleares Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En esta misma línea, el juez apunta a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, asevera que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades Autónomas.
"En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incide el instructor de este complejo procedimiento judicial.
Del mismo modo, el juez Castro subraya que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisa que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Islas Baleares Forum "son prácticamente calcados unos de otros".
