La juez que investiga los ERE fraudulentos acusa al exsindicalista Juan Lanzas, encarcelado el pasado viernes, de haber incluido como intrusos a veinticuatro personas que nunca trabajaron en las empresas, entre ellas él mismo, las esposas de cuatro sindicalistas con los que negociaba, su propia mujer y dos cuñados.
En el auto de prisión contra Lanzas, la juez Mercedes Alaya le imputa haber incluido en los ERE que negociaba a tres personas por vinculaciones políticas, además de a la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la madre de su chófer y otras irregularidades como haber pagado 6.000 euros tras pedir a su destinatario que presentara "el paripé de un trabajo".
Además se incluyó a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa, a dos vecinos suyos en Albánchez de Mágina (Jaén) en otros tantos expedientes y a Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén), lo introdujo en Mercasevilla "por afinidad política".
La juez recoge que Lanzas ofrecía el "paquete completo" pues él mismo trabajaba en el Bufete Villasís, que tramitaría el ERE, y tras su "extenso periplo" en la UGT se había hecho amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado junto a él- y luego había ampliado su influencia a otros cargos como Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo que debía autorizar los expedientes.
Lanzas pudo obtener casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul, afirma el auto. En total, Alaya le imputa haber conseguido casi 13 millones de euros, que en su mayor parte se quedaba aunque en ocasiones "distribuía entre otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos".
El auto afirma que Lanzas incluyó como "intrusas" en Hitemasa a las esposas de Javier García de los Reyes y Rafael Mesa, ambos de la UGT y con los que el imputado había coincidido en el expediente de Hijos de Andrés Molina, lo que permitió a cada una cobrar 96.000 euros, cantidad "muy superior a la consignada en el certificado".
En el convenio de Dhul entró como "intrusa" la esposa de Damián Jiménez, de CCOO, con el que Lanzas había coincidido en las negociaciones de Coosur, y en el de Surcolor entraron Manuel López, esposo de una concejal del PSOE en Camas (Sevilla) y José Antonio Márquez, concuñado del exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas, dice Alaya.
Otros intrusos fueron Juana Pilar Viedma, administradora de la empresa Técnica Agrícola Ecológica, y la compañera de su padre, en este caso "como agradecimiento" por haber hecho "contratos simulados" a una parte de los trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna que no podían acceder al Convenio Especial con la Seguridad Social. Explica el auto que "por decisión de Lanzas, los montaron a todos en un autobús y les hizo en la mencionada empresa los contratos simulados".
Otra de los intrusas fue Florencia Romero, esposa del presidente de la Asociación de Trabajadores que se formó en esa empresa y su inclusión "estaría en consonancia con la de esposas de sindicalistas anteriores". La juez cifra los ingresos recibidos por Lanzas a través de sus empresas intermediarias en 9.867.497 euros, a los que habría que unir los 600.000 euros de beneficios por incluir a sus familiares como intrusos y los tres millones recibidos de la familia Ruiz Mateos por su mediación.
