El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu busca propiedades del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y otros dos usuarios de las tarjetas opacas ('black') de Caja Madrid para proceder a su embargo después de que no hayan abonado sus fianzas por este caso, que suman 316.000 euros. Pese a la advertencia del instructor de que si no pagaban bloquearía su patrimonio hasta alcanzar la fianza fijada, ni el socialista Jorge Gómez -en cuyo caso ascendía a 131.000 euros-, ni Díaz Ferrán -para quien fue de 126.000 euros-, ni el ex secretario general de UGT Madrid José Ricardo Martínez Castro (59.000), la han garantizado.
El pasado febrero, el magistrado fijó una fianza civil por un importe total de 4,3 millones a 21 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid, que se venía a sumar a los 3 millones que impuso previamente a Rodrigo Rato y a los 16 que calculó para su antecesor Miguel Blesa. Cinco meses después esos tres beneficiarios de las visas opacas no han afianzado cantidad alguna, con lo que "se encuentra en trámite de averiguación sus bienes susceptibles de embargo", según consta en una diligencia del Juzgado que examina las distintas piezas de responsabilidad civil de los imputados.
Por el contrario, otros doce exconsejeros han tenido que hipotecar sus casas para poder hacer frente a sus fianzas, de hasta 3,14 millones, entre ellos el exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín, para quien la cifra asciende a 610.000 euros. También han optado por este método el exconsejero de CCOO Francisco Baquero para costear los 356.000 euros de su fianza; el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, que ha tenido que desembolsar 341.000 euros, y el exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero para abonar los 337.000 euros de la suya.
En la misma situación se encuentran los exconsejeros socialistas José María de la Riva (279.000) y Ramón Espinar (238.000), la expresidenta de la Fundación Caja Madrid Carmen Cafranga, (234.000), el exmiembro de la Comisión de Control Ignacio de Navasqües (210.000); el exsecretario de Organización de CCOO Rodolfo Benito (188.000) y su compañero de sindicato Pedro Bedia (105.000). Completan la lista los exsocialistas José María Arteta (186.000) y María Enedina Álvarez (63.000).
No obstante, aún está pendiente que culmine el trámite de tasación de los inmuebles que han entregado, momento en el que se sabrá si son suficientes para garantizar sus fianzas. De ser así, Rato podrá beneficiarse de una sustanciosa rebaja de la suya, ya que el magistrado accedió a su petición de disminuirla por el equivalente a lo que gastó la cúpula de Caja Madrid y Bankia entre febrero de 2010 y mayo de 2012, coincidiendo con su mandato como presidente en ambas entidades. Y no solo le ayudarán los que han hipotecado sus inmuebles, sino también los otros siete exconsejeros y exdirectivos que ha preferido ingresar en la cuenta de consignaciones del Juzgado las cantidades que, o bien cargaron a su 'black', o bien les impuso el instructor en concepto de fianza, llegando a un importe total de 1,41 millones.
La 'mano derecha' de Rato, José Manuel Fernández Norniella, fue el primero en restituir lo gastado el pasado 19 de febrero, cuando transfirió 175.400 euros tras haber intentado devolverlo, sin éxito, mediante un depósito notarial que puso a disposición de la Fundación Caja Madrid. El que hizo un ingreso más elevado fue el exconsejero ejecutivo Matías Amat, que consignó 389.000 euros por los desembolsos realizados principalmente en viajes, hoteles, líneas aéreas, tiendas de lujo y exclusivos restaurantes hasta que se prejubiló en Bankia en septiembre de 2011.
Le sigue el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada con 283.000 euros, equivalente a su fianza; Alberto Recarte, que también hizo efectiva la suya de 187.000 euros el pasado 3 de marzo, al igual que Jesús Pedroche, que abonó 172.000 euros, y Mercedes Rojo, que pagó 160.000. En principio, la medida también afectó a Luis Blasco, al que inicialmente se le fijó una cuantía de 69.000 euros, pero el Juzgado procedió después a dejarla sin efecto y requerirle los 51.700 euros que gastó con su visa y que había depositado ante notario.
