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CASO BANKIA | 41 EXDIRECTIVOS YA HAN SIDO INTERROGADOS

Un sindicalista admite ante el juez que utilizó su 'tarjeta black' para comprar material de UGT

El miembro de UGT Eduardo Torres Posada ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que utilizó su 'tarjeta black' de Caja Madrid para financiar la compra de octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

 

El miembro de UGT Eduardo Torres Posada ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que utilizó su 'tarjeta black' de Caja Madrid para financiar la compra de octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Torres Posada, que ha declarado como imputado en la causa en la que se investigan los plásticos opacos, ha señalado que las dietas que recibió entre 2001 y 2006 como miembro de la Comisión de Control de la caja madrileña también iban destinadas a una cuenta del sindicato y que todas las aportaciones contaban con el visto bueno de la Sección Sindical de Gastos y de la propia Ejecutiva Estatal. "Estaba todo totalmente procedimentado", ha dicho.

El sindicalista, que se gastó en una imprenta de la calle Jacometrezo de Madrid casi 30.000 de los 82.300 euros que cargó a su 'tarjeta black', también ha admitido que utilizó la visa de la caja para sufragar el pago de comidas con empleados del sindicato, la compra de camisas, zapatos, gasolina y viajes y gastos de telefonía.

El compareciente, miembro del Sector General de Empleados de UGT, también ha reconocido durante su declaración que usó el plástico de la entidad después cesar en el cargo. "Me dijeron que podía utilizarla mientras funcionase y un día dejó de funcionar", ha apuntado a preguntas del juez instructor.

Torres Posada ha sido uno de los 13 exdirectivos de Caja Madrid que han declarado este jueves en la causa, en la que se investigan los gastos personales por valor de 15,5 millones de euros que los antiguos miembros de la entidad cargaron entre 1999 y 2012. Todos han defendido que se trataba de un complemento retributivo que podían emplear en lo que quisieran y que pensaban que la entidad tributaba por ellos.

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