El juez del caso 3% cita como investigados al presidente del puerto de Barcelona y a un exconcejal de CiU

El juez de El Vendrell (Tarragona) que instruye el caso del 3% de presunto pago de comisiones ilegales a CDC, ha citado a declarar como investigados para el próximo 3 de mayo al presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y al exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives.

En un auto el juez ha acordado las citaciones de estos investigados, así como la de Francesc Sànchez, representante legal de la extinta CDC , mientras espera que la Audiencia Nacional resuelva si asume la causa del 3%, que le remitió el pasado mes de febrero. Para los días 4, 10 y 11 de mayo próximos, el magistrado ha citado a declarar como investigados a una decena de personas, entre ellas Constantí Serrallonga, director general de la Fira de Barcelona y que fue gerente municipal en la época del convergente Xavier Trias al frente de la alcaldía de Barcelona, así a como empresarios supuestamente vinculados al pago de "mordidas" a CDC.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ha fijado esta nueva ronda de interrogatorios en el marco de una investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales de empresarios a CDC a cambio de la adjudicación de obras en el puerto de Barcelona y de la sociedad municipal BIMSA de la capital catalana. Además, entre los empresarios citados para el próximo mes de mayo figura Jordi D.V., a quien el juez sitúa como interlocutor entre la empresa Urbaser y el extesorero de CDC Andreu Viloca, también imputado, en relación con la adjudicación del servicio de recogida de basuras por parte del Ayuntamiento de Olot (Girona) a dicha sociedad.

Otro empresario citado como imputado es Antonio G.B., con quien según el juez se citó Viloca para tratar de la adjudicación del proyecto constructivo de una estación de alta velocidad de la línea Barcelona-Frontera francesa para el aeropuerto de Girona. Vives, quien fue concejal de Barcelona cuando Xavier Trias estaba al frente de la alcaldía, Cambra y Sànchez, exresponsable de los servicios jurídicos de la extinta CDC, fueron detenidos el pasado mes de febrero, en una operación lanzada por el juez de El Vendrell por presuntas adjudicaciones irregulares efectuadas entre los años 2011 y 2015.

En el marco de esa operación, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación sobre adjudicaciones públicas durante la etapa de Xavier Trias en el gobierno municipal de Barcelona y de dos de las principales obras efectuadas en el puerto de la capital catalana en los últimos años: el dique este y la ampliación del muelle sur. Otra de las obras por las que el juez del 3% sospecha que empresarios pagaron mordidas a CDC es la reforma de la plaza de les Glòries de Barcelona, que se reanudó el mes pasado después de que el Ayuntamiento la paralizara durante un año a raíz de una auditoría que apuntaba a un sobrecoste, por lo que el proyecto fue adjudicado de nuevo.

En su auto, el juez apunta indicios de que los investigados podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Vives, retirado de la política, ya declaró como investigado el año pasado ante un juez de Barcelona, a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusaba de haber empleado de forma ilegal en la empresa municipal Barcelona Regional al cantante de Los Sírex "Leslie" y al exalcalde de Collbató Jesús Arévalo (CiU).

El juez ha decidido dar un nuevo impulso a la causa del 3% con esta nueva ronda de interrogatorios, mientras permanece a la espera de que la Audiencia Nacional, a la que él se inhibió el pasado mes de febrero, resuelva si se queda con el caso. El magistrado, que investiga la trama del 3% desde el año 2015 a raíz de unas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), envió el caso a la Audiencia Nacional, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción, al entender que la supuesta trama corrupta perjudica a la economía española de forma grave.

Según mantiene el juez en su auto, es "necesario, de modo absoluto y perentorio", practicar los interrogatorios de los investigados, teniendo en cuenta que no consta "aceptada ni rechazada" su inhibición a la Audiencia Nacional por la causa del 3%. En el procedimiento están imputados entre otros los extesoreros de CDC Daniel Osàcar -condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por el pago de comisiones a la formación a través del Palau de la Música- y Andreu Viloca, que según el juez jugó un papel "esencial" en la trama, así como el exconseller de Justicia y exdiputado Germà Gordó.