El juez del caso Nóos, José Castro, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que asuma la investigación en lo que afecta al expresidente autonómico Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados como diputados regionales. Castro ha dictado un auto en el que plantea al alto tribunal valenciano que se haga cargo de la instrucción en lo referido a la participación de ambos en la contratación del Instituto Nóos para organizar los foros Valencia Summit y los Juegos Europeos, por si en ella "se pudiera advertir alguna responsabilidad penal".
Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el instituto dirigido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.
El instructor de Nóos, a quien este martes confirmaron las Cortes valencianas la condición de aforados de la alcaldesa y el expresidente regional, asegura en el auto que, mientras el TSJ de Valencia decide si les imputa, él se abstendrá de practicar ninguna diligencia respecto a ellos "en la que no concurra la nota de perentoriedad", según ha informado el Tribunal Superior de Baleares.
Castro precisa que declina su competencia para investigar a los dos diputados autonómicos del PP "única y exclusivamente en razón de del aforamiento" de ambos, por lo que si el tribunal competente para enjuiciar a aforados en la Comunidad Valenciana no les investiga recuperará "automáticamente" la investigación de los imputados relacionados con los actos organizados por Nóos en Valencia.
En un auto dictado en enero en el que imponía la fianza a Urdangarin y Torres, el juez de Nóos señalaba ya "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva". En su última declaración ante el magistrado instructor el pasado febrero, Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros Valencia Summit.
Además, Torres entregó al juez un escrito la semana pasada en el que explicaba detalles de dicha reunión y aseguraba que, aunque no lo podía precisar con seguridad, la fecha más probable de que tuviera lugar ese encuentro era el 29 de enero de 2004. Por su parte, Urdangarin admitió ante el juez que esa reunión con el expresidente y la alcaldesa se produjo, pero negó que fuera en Zarzuela.
Urdangarin reconoció que los trabajos del Instituto Nóos para preparar la primera edición de la Valencia Summit comenzaron antes de que la entidad firmara el convenio con la Generalitat para organizar dicho evento. Admitió que el acuerdo para organizarla debió ser de forma verbal y con cierta antelación, ya que el convenio para organizar la cumbre se firmó el 8 de septiembre de 2004 y la Valencia Summit tuvo lugar el 24 de octubre, un margen "muy apretado".
El Valencia Summit, un encuentro sobre deporte del que se celebraron tres ediciones en la capital levantina (2004, 2005 y 2006), fue organizado por el Instituto Nóos y pagado con fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados. La Fiscalía, al calcular la fianza de responsabilidad civil para los dos principales imputados, Urdangarin y Torres, estimó en 3.512.000 euros el dinero que llegó a cobrar el Instituto Nóos por contratos firmados con administraciones valencianas.
Nóos cobró esas cantidades en virtud de convenios con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, para organizar los congresos Valencia Summit.
El magistrado pide a Hacienda que investigue a la infanta Cristina desde 2002
El juez Castro ha precisado su solicitud a la Agencia Tributaria de que investigue por presunto delito fiscal a la infanta Cristina y ha puntualizado que sea desde 2002 hasta la actualidad. Castro ha detallado el plazo sobre el que pide a la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña que realice diligencias en relación a la infanta, en respuesta a una consulta al respecto que le había formulado Hacienda.
Con esta aclaración, el juez indica el período de tiempo sobre el que está interesado que sean practicadas nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, la empresa propiedad al 50 % de la infanta Cristina y su marido, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, que solicitó al pasado viernes. El juez reclamó también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.
