Con 68 años, el juez José Castro, natural de Córdoba, un veterano de la carrera judicial de provincias, ha tomado una decisión que quedará escrita en los anales de la justicia y la política españolas al imputar por segunda vez en menos de un año a la infanta Cristina en el caso Nóos. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca es el primer y único juez que ha imputado a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina de Borbón.
Pepe Castro, como le gusta que le llamen, pertenece a la carrera judicial desde 1976 y ha ocupado plaza en los juzgados de Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) y Sabadell (Barcelona), hasta que en 1985 fue destinado a los de Palma de Mallorca. Tomó posesión del Juzgado de lo Social número 2 de la capital balear en 1985 y en 1990 fue trasladado al de Instrucción número 3, aunque durante un tiempo tuvo que compaginar ambas obligaciones. No está adscrito a ninguna asociación judicial.
El primer sumario relacionado con la corrupción política en el que intervino fue el caso Calvià, que en 1992 investigó el intento de soborno a un edil del PSOE por parte de cargos del PP. De joven practicó la esgrima japonesa (kendo) y es aficionado sin pasión al fútbol -es del Madrid pero no le importa que gane el Barça, si juega bien-. Podría haber sido portero, no por su estatura, sino por la capacidad para "parar" a los periodistas.
En sus 38 años como juez no ha concedido ni una entrevista y no hace declaraciones, aunque siempre es amable con los periodistas que esperan sus decisiones a las puertas de su despacho. Él se comunica con sus autos y sentencias. Aunque miembros de la carrera judicial y juristas sostienen que no es en absoluto "serio", su semblante sí lo aparenta cuando camina rápido y pasa ante periodistas, cámaras y fotógrafos.
Famoso por callar ante las críticas y defender la libertad de expresión
Castro saltó a la palestra pública con el caso Palma Arena, una instrucción iniciada en 2007 sobre las supuestas irregularidades en la construcción del velódromo palmesano que destapó un entramado de casos de corrupción que ya ha ocasionado dos condenas al expresidente balear Jaume Matas.
Precisamente, el caso Nóos nació del Palma Arena como la pieza número 25 de las 26 de que consta, pero la entidad de las personas implicadas en los hechos le dio su propia carta de naturaleza e incluso ensombreció el caso del que nació. Ante las críticas calla, a pesar de su carácter vehemente, y defiende la libertad de expresión como derecho.
Ejemplo de ello es que no respondió en su día a la dura declaración del ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, que dudó de su imparcialidad y criticó el lenguaje "tabernario" que, a su entender, empleó el juez en un auto. Para el magistrado, los escritos judiciales deben ser respetuosos en los términos jurídicos y no farragosos, y, en la medida de lo posible, entendibles para la ciudadanía porque en ocasiones, como en el caso Nóos, el asunto tiene una gran trascendencia social.
Tampoco quiso opinar sobre las críticas que recibió recientemente tras ser fotografiado tomando un gin-tónic con una abogada personada en el caso Nóos, suceso que despachó con un "esto no le interesa a nadie". Nadie duda de su capacidad de trabajo, de su espíritu campechano y de su empeño por tratar de llegar al fondo de los asuntos.
En una ocasión, a un ladrón de motocicletas le soltó: "Macho, acompáñame". Y se fueron los dos al aparcamiento del Juzgado para que el acusado le explicara a su señoría cómo se hace un puente. Sobre su mesa tiene ahora el asunto judicial de mayor transcendencia de su trayectoria. En el auto por el que imputó la infanta en abril pasado escribía que su intención era que doña Cristina se explicara y aseveraba que "la Justicia es igual para todos".
