La juez deja en libertad sin fianza a Trapero, aunque le retira el pasaporte, le prohíbe salir de España y le impone comparecencias quincenales

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aunque le impone medidas cautelares, al no poder vincularle por el momento con el asedio a la Guardia Civil de los días 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía. Lamela rechaza así la petición de la Fiscalía de prisión incondicional y en su lugar le impone comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que facilite un domicilio y un teléfono para estar localizable.

No obstante, advierte a Trapero, quien ha declarado durante casi dos horas como investigado por sedición, de que en caso de incumplir alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas. Se trata de las mismas medidas cautelares que ha acordado horas antes para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

Comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibido salir de España y estar localizable

En el auto, la juez deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de octubre en la sede de la Consellería de Economía, que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación.

La actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación". Frente a las acusaciones de la Fiscalía en su denuncia, Trapero ha explicado que abrieron "los pasillos para los detenidos así como para la salida de la comisión judicial que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos, y que no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado su volumen, ello podría haber generado una grave alteración del orden público".

La Fiscalía ha pedido prisión incondicional al argumentar que no se efectuaron los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder llegar a los detenidos en la Consellería y por no haber tomado medidas para evitar que la concentración evolucionara. También reprocha al mayor de los Mossos no haber rescatado los efectos que estaban en los tres vehículos de la Guardia Civil, entre ellos varias armas, así como no haber asegurado adecuadamente la salida de la comisión judicial y de los agentes.

Ahora bien, la juez destaca en el auto que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del 'número dos' de la Consellería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio. Tras Trapero, la juez toma declaración a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a quienes acusa en el auto de ser, "por su capacidad de convocatoria", los principales responsables de promover aquellas concentraciones.

Dice la magistrada que desde algunas de estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "para parar a la Guardia Civil". Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo. Pero, además, añade que hubo personas que impidieron a los agentes y a la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados. Además hubo movilizaciones en Exteriores, Governació, en las sedes del PSC -donde se agredió a militantes- y de la CUP, así como en la imprenta de Bigues i Riells.

La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los "interlocutores" de las movilizaciones, pero sin que aceptaran las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni que trataran de desconvocar o diluir esas concentraciones. En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a "la movilización permanente". Así, la magistrada concluye que todas estas acciones estaban orientadas a impedir que los agentes y la comisión judicial pudieran desarrollar su trabajo en cumplimiento de la Ley.