El juez deja a un paso de juicio a los militantes de Arran por intentar asaltar la sede del PP

Un juez de Barcelona ha dejado a un paso del juicio a seis militantes de Arran, organización juvenil próxima a la CUP, acusados de los delitos de desórdenes públicos y daños, por intentar ocupar la sede del PP el pasado mes de marzo, con el "claro ánimo de alterar su normal funcionamiento".

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 11 de Barcelona da por cerrada la investigación sobre la protesta celebrada el pasado 27 de marzo ante la sede del PP en Barcelona, a la que asistieron las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Eulàlia Reguant, en defensa del referéndum de independencia.

Según relata en su auto el magistrado Francisco González Maíllo, de la causa se desprenden indicios de que los seis militantes enviados a juicio irrumpieron en el vestíbulo de la sede del PP -hasta donde se lo permitió la seguridad del local- y permanecieron allí durante más de media hora, "alterando el normal funcionamiento" del partido, dado que en ese lapso nadie podía entrar y salir.

El juez señala además que tres de los investigados causaron presuntamente desperfectos en las instalaciones, pintando grafiti y enganchando adhesivos de vinilo en la fachada de la sede, daños que la formación popular ha valorado en 1.391 euros.

Para el juez, en la protesta, convocada ante la sede del PP y a la que se sumaron exdiputadas de la CUP, "los investigados no se limitaron a expresar libremente sus reproches" ante el partido, sino que "pretendieron entrar en el mismo y se mantuvieron en el vestíbulo en un claro ánimo de alterar su normal funcionamiento". "Nada legitima dicha indiciaria conducta en una democracia consolidada y menos que lo lleven a cabo personas vinculadas a una formación política con representación en el parlamento autonómico", añade el juez, que imputa a los investigados los delitos de desórdenes públicos y daños.

El auto recuerda que los investigados no comparecieron ante el juez cuando fueron citados a declarar como investigados, por lo que fue necesario decretar su detención, y cuando lo hicieron se acogieron a su derecho a no declarar. Por ese motivo, "se ignora su versión de los hechos", añade el magistrado, que cree que "los indicios de su delictiva conducta son claros", por lo que acuerda remitir la causa a la Fiscalía y acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación, paso previo a abrir juicio contra los investigados.