El juez ha acordado que un médico forense examine en su domicilio a la soprano Montserrat Caballé para comprobar si sus problemas de salud le impiden desplazarse al juzgado a ratificar la pena de medio año de cárcel que pactó con la Fiscalía por un fraude fiscal de medio millón de euros.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de lo penal número 13 de Barcelona, que debe juzgar a Caballé, ha accedido a la petición del ministerio público de encargar una exploración médica de la soprano para acreditar si, como alega su abogado, tiene la movilidad reducida por sus problemas de salud.
El abogado de Caballé, de 83 años, envió hace unas semanas un escrito al juez en el que pidió que la soprano declarara por videoconferencia en el juicio en que debe ratificar el pacto que alcanzó con el ministerio público y la Abogacía del Estado para lograr una rebaja de la condena.
En los últimos meses, la soprano ha sido citada en dos ocasiones a juicio para aceptar formalmente su acuerdo con la Fiscalía: en la primera de ellas, presentó un certificado médico para excusarse, y en la segunda, el pasado 12 de mayo, no dio ningún tipo de explicación aunque su abogado de entonces compareció para informar que había renunciado a defenderla. Casi un mes después de su incomparecencia, la diva designó a otro abogado que presentó informes médicos para acreditar que no había podido acudir al juicio debido a su delicado estado de salud.
Paralelamente, el letrado aportó un escrito en el que solicitaba que el juez permita a la soprano declarar por videoconferencia en su propio juicio, una breve vista en la que la diva solo tendría que aceptar ante el magistrado que defraudó a Hacienda y que se conforma con la rebaja de pena planteada por la Fiscalía. Una vez disponga de los exámenes forenses, el juez resolverá si permite que la diva declare por vídeoconferencia, una situación habitual en los casos de testigos o forenses de un juicio, pero insólita tratándose de acusados.
La causa abierta a Caballé es fruto de la querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó el año pasado contra ella, a la que acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración del IRPF de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que eludió tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones.
En concreto, la diva actuó en 2010 en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros. De estos dos millones de euros que ingresó en 2010 por estas actuaciones, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible del IRPF, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España.
