Ha sido a las 6,45h cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que han pedido además que se imponga al imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.
De su lado, la Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros, así como que se le retire el pasaporte, petición a la que se ha adherido UGT, que también ejerce la acusación en este caso.
La Fiscalía solicitó el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo al entender que existe riesgo de fuga; por la gravedad de los delitos, ya que ha expuesto que por el delito continuado de malversación que se le imputa podría ser condenado a un máximo de 18 años de cárcel, y para evitar que pueda influir en otras fuentes de prueba, como por ejemplo en testigos que vayan a comparecer ante la juez durante la instrucción del procedimiento.
En su intervención, el Ministerio Público aseveró que "responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración con la Justicia", en alusión al hecho de que el exconsejero de Empleo haya respondido a todas las cuestiones que le han sido formuladas durante las cerca de 40 horas divididas en cuatro días que ha durado el interrogatorio, entre ellas las cerca de 200 de la magistrada, las 212 previstas por el PP, las 60 del Ministerio Público o las 20 de la Junta de Andalucía.
Por su parte, el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha realizado una intervención de dos horas y media en la que ha negado que exista riesgo de fuga por cuanto su cliente lleva imputado más de un año y no ha tratado de eludir la acción de la Justicia, a lo que se suma su colaboración con la Justicia al responder todas las preguntas que le han sido formuladas, incluidas las del PP, cuando sabía por los medios de comunicación que este partido político iba a solicitar su ingreso en prisión.
Fernández se convierte en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.
