El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión eludible con fianza de 50 millones de euros, la mayor impuesta en la historia judicial española, al actual propietario del Grupo Marsans, Angel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado ha fijado una fianza para evitar la prisión de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y para el mano derecha de De Cabo, Iván Losada.
El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. A todos los detenidos en la denominada "Operación Crucero" se les han impuesto fianzas para eludir prisión que suman 112 millones de euros con la única excepción del experto fiscal Rafael Tormo, quien no irá a prisión pero no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez, han informado fuentes jurídicas.
El resto de fianzas son las de 30 millones impuestas a Díaz Ferrán y a Iván Losada, mano derecha de De Cabo, respectivamente; y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren envitar la cárcel el cuñado de Cabo, Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.
A la secretaria de de Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros porque, según las mismas fuentes, está colaborando con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos. A las 15.00 horas de hoy esta mujer ya había abonado la citada cantidad, según las mismas fuentes.
Las decisiones del juez Velasco difieren de lo solicitado por el fiscal Daniel Campos, que había pedido para De Cabo, Díaz Ferrán y Losada prisión con carácter incondicional. Campos sí había pedido los 3.000 euros de fianza para Susana Mora, quien junto a Díaz Ferrán y el "fiscalista" Rafael Tormo son los únicos detenidos que han declarado este miércoles ante el juez. De Cabo es el dueño de la empresa Posibilitum, a la que se investiga por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.
Losada también es el actual administrador de Nueva Rumasa, que el entramado adquirió a la familia Ruiz Mateos cuando se declaró en concurso de acreedores. El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir su patrimonio a paraísos fiscales y ocultar la propiedad de sus bienes, entre ellos un yate y dos pisos de lujo en Nueva York, con la intención de no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros. Por este motivo, Velasco ha ordenado el bloqueo de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado quería sacar de España.
