La juez instructora del caso de los ERE falsos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha acusado al PP y al PSOE de haberla apartado de esta y del resto de las macrocausas que juzgaba por "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación, porque había visto ya cosas asombrosas".
En una entrevista en ABC, la juez cuenta que cuando instruía varias macrocausas -el juicio de los ERE, los cursos de formación, el juicio del Betis- se planteó la posibilidad de aspirar a una plaza en la Audiencia de Sevilla, por lo que recabó "el compromiso expreso" de "todos los órganos jurisdiccionales" de que se le iba a mantener la comisión de servicio para poder acabar la instrucción.
"Sobre todo (el compromiso) del CGPJ y de la Presidencia de la Audiencia Provincial", ha señalado Alaya, pero se dio cuenta posteriormente de que "todo fue un burdo engaño" porque tanto los vocales del PSOE como del PP en el Consejo "votaron" de manera unánime "para que yo no siguiera" con dichos procedimientos.
A su juicio, la causa real de que no se le concediera la comisión de servicio no fue el caso de los ERE "porque la pieza principal estaba íntegramente instruida" sino "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación", algo sobre lo que, en su opinión, existía "un acuerdo político" entre PSOE y PP.
El acuerdo, según Alaya, consistía en que el PSOE se mantuviera "fuerte" en Andalucía y, a cambio, "dejar al PP en el resto de las comunidades autónomas", e incluso la magistrada admite que se puede llegar a plantear que "las ilicitudes" de los cursos de formación se pudieran estar produciendo también en otras autonomías. Durante la instrucción de las macrocausas, Alaya dice que "por supuesto" recibió "presiones políticas", como por ejemplo, declaraciones en la prensa del exvicepresidente Alfonso Guerra.
Y añade que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "contactó" con el CGPJ para "sugerir o protestar" en relación a los ERE, algo que es "muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE". Por último, subraya que Díaz "podría incurrir en un delito de malversación si no reclama" el dinero malversado en el caso de los ERE.
La oposición pedirá explicaciones
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este lunes que el partido pedirá "explicaciones" a la Junta de Andalucía por las presiones que la jueza instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, dice haber sufrido por parte de la presidenta regional, Susana Díaz.
"Vamos a pedir explicaciones. He hablado esta mañana con (el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía) Juan Marín. Vamos a pedir explicaciones también en el Parlamento Andaluz porque es muy grave la acusación", ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público'.
El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha asegurado este lunes que en algunos partidos, en referencia a PP y PSOE, "no se trabaja para esclarecer la verdad, sino que se trabaja por lo contrario" y ha garantizado que "ahí no cuenten con Podemos".
Pérez Ganfornina ha criticado el papel que juegan algunos partidos políticos para "desarticular el esclarecimiento de la verdad" en los casos de corrupción y ha advertido de "la impunidad" en la que se han posicionado algunos partidos.
Esto, según ha apuntado, representa un "tremendo error" para unas generaciones de jóvenes que "se están educando en que la corrupción es normal". "Se trata de una normalidad que da miedo", ha señalado.
