La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel.
La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel, han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
Tras tres días de interrogatorio, el fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.
Guerrero concedió 887 ayudas irregulares, según la juez
La juez Alaya ha concluido que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas".
En el auto de 36 páginas por el cual dicta su ingreso en la cárcel, la magistrada pone de manifiesto que, "omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía".
La magistrada dice que el imputado otorgó estas ayudas "directas y sociolaborales" en virtud del convenio marco de colaboración suscrito el 17 de julio de 2011 entre la Consejería de Empleo y el antiguo IFA, "con total ausencia de procedimiento al ser el adecuado el de la subvención excepcional, según indicó repetidamente a la Consejería de Empleo la Intervención General de la Junta", añadiendo que la finalidad de dicho convenio marco "y asumida por Guerrero era obviar los férreos controles de la Intervención de la Junta, pues conocía el inculpado, sus superiores y las personas que colaboraron con él que la subvención excepcional exigía un marcado control en la solicitud".
Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración.
En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves o al exconsejero Gaspar Zarrías.
La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial. Durante el interrogatorio de tres días, la juez Alaya le planteó un total de 144 preguntas, y Guerrero se acogió a continuación a su derecho a no seguir contestando, pero aún así todas las partes dejaron por escrito las cuestiones que pensaban plantear al imputado.
La Fiscalía de Sevilla hizo constar 80 preguntas, el letrado de la Junta planteó un centenar de preguntas y los abogados de los restantes imputados han ido desgranando sus preguntas hasta totalizar varios centenares. Guerrero sí ha accedido a responder a las únicas dos preguntas que le ha hecho su defensor, Fernando de Pablo: Si el consejo de Gobierno andaluz conocía el sistema de adjudicación y el destino de la partida denominada 31L o "fondo de reptiles", a lo que Guerrero ha contestado "si", y si lo conocían los sucesivos viceconsejeros de Empleo, a lo que ha respondido "totalmente".
La orden de prisión se dictó a la 1.45 horas de esta madrugada, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".
