La juez rechaza acusar a Chaves y Griñán por los cursos de formación

La juez María Núñez Bolaños ha rechazado acusar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza de los cursos de formación relativa al exconsejero Ángel Ojeda, en la que se investiga el uso de 33,3 millones por parte de sus empresas tras la crisis de Delphi.

En el auto, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla rechaza la petición de la Asociación de Trabajadores de Delphi de incluir a los expresidentes en la investigación judicial, a lo que también se opuso la Fiscalía Anticorrupción.

La juez explica que esta causa no aborda "un supuesto engaño de representantes de la Administración andaluza" a los trabajadores de Delphi con ofertas de puestos de trabajo, y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha analizado la naturaleza de los acuerdos con los representantes de los trabajadores en este ámbito.

En esta causa están investigados -antes imputados- los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Manuel Recio.

La juez también señala que la asociación de trabajadores solo será admitida como acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de un ilícito penal, "incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo".

Sin embargo, la instructora considera que no ha lugar a su personación como acción popular después de que los trabajadores no depositaran la fianza que le pedía la Fiscalía para estar presente en la causa. La juez añade que "quedará al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de desempleo de estos trabajadores", y acepta la petición de la Fiscalía de acumular a la causa de Ojeda, por posible conexidad, la denuncia de los trabajadores, que correspondió al juzgado de instrucción 20 de Sevilla.

En su escrito remitido al juzgado, la Fiscalía consideró que la denuncia de los trabajadores tenía "un objeto procesal no convenientemente delimitado e indefinido". "Al parecer -indicó la Fiscalía- el detonante de la interposición de la denuncia es que entre diciembre del año pasado y febrero del presente año, los mencionados trabajadores han recibido demandas del Servicio de Empleo Público Estatal para la reintegración de los subsidios por desempleo percibidos".

Anticorrupción explica que la Junta de Andalucía concedió ayudas excepcionales al dispositivo Delphi y "se simularon relaciones laborales inexistentes", lo que permitió reducir la conflictividad social en la Bahía de Cádiz y que un grupo de trabajadores recibieran un salario con cargo a las subvenciones.

"Existen serios indicios" de que estas relaciones laborales "fueron simuladas de manera consciente" por la Junta, incluidos los consejeros de Empleo que concedieron las ayudas, agrega la Fiscalía antes de indicar que esto podría suponer la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

"A ello ha de unirse la depredación de esos fondos que realizó el entramado del investigado Ojeda, donde con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la Administración", concluye Anticorrupción.

Por todo ello, la Fiscalía considera que el objeto procesal es coincidente pero no idéntico al denunciado por los trabajadores y que ni los anteriores operarios de Delphi, "ni por supuesto la asociación", son perjudicados. Además, el Ministerio Público afirma que no existen en la causa indicios, "al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas".

Esta pieza de los cursos de formación es una de las nueve en las que la juez Núñez dividió en diciembre de 2015 esta macrocausa. En ella está imputado el exconsejero Fernández, el precedesor de Recio y uno de los principales acusados en el caso de los ERE, y se analiza la acciones formativas del también exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que ocupó el cargo en 1987.