El juez Velasco descarta tomar medidas contra Cifuentes al considerar que no está directamente implicada en la adjudicación de contratos

Un informe de la UCO ha señalado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por posibles delitos de cohecho y malversación en la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid entre 2009 y 2011. Adjudicaciones en las que participó Cifuentes como miembro de la mesa de contratación al tiempo que formaba parte del Comité de Expertos.

Este informe señala que las adjudicaciones podrían estar amañadas y se denuncia el papel que Cifuentes tuvo en ellas, pues el contrato se adjudicó a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández "a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Sin embargo, según ha podido saber Onda Cero mediante fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descarta la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid dado que, de acuerdo con la ley de financiación vigente en el momento de los hechos, sólo se puede actuar contra los directamente implicados, lo que no ocurre en el caso de Cifuentes.

Según fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.