La jueza del caso de David Sánchez, hermano del presidente, pide a Moncloa los contratos de su colaborador

La jueza Beatriz Biedma que instruye el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pide directamente a Moncloa que informe sobre el puesto que ocupó el asesor Luis María Carrero y que acabó trabajando con el hermano del Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz solicita en un auto al que ha tenido acceso 'Europa Press' que a "la mayor brevedad posible", la Diputación de Badajoz le informe de los contratos laborales firmados, su fecha y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral.

Además, ordena preguntar al Teatro Real de Madrid si David Sánchez "ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha institución", si ha ocupado u ocupa algún tipo de cargo en cualquier órgano. En caso afirmativo, tiene que aportar las remuneraciones abonadas al hermano de Sánchez. También pregunta por la existencia de acuerdos o cualquier tipo de convenio entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad.

En este auto, cita a declarar como testigos al que era coordinador de Podemos Extremadura en 2017, Álvaro Jaén, que el 3 de julio de ese año denunció en rueda de prensa la creación del Puesto de Alta Dirección objetivo de este caso, así como del representante de CSIF Francisco Serrano, quien se opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación que tuvo lugar el 26 de octubre de 2016. Tanto Jaén como Serrano están citados a declarar como testigos ante el juez el próximo 14 de febrero.

Los contratos y los informes sobre los posibles convenios entre el Teatro Real de Madrid y David Sánchez no es lo único que pide la jueza. También ha solicitado las actas de las 'Reuniones de Presupuestos' y pide los informes "periódicos o puntuales" sobre el grado de consecución de los objetivos programados y planes de actuaciones.

Además, el auto establece el rechazo a los recursos presentados por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y cinco investigados en este caso, ya que según señala la jueza, "no nos encontramos en el momento procesal oportuno para determinar si proceden los sobreseimientos solicitados". De este auto establece una serie de diligencias de investigación, de las que "además puede surgir la necesidad de ulteriores",

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