Pareja de Ayuso
La jueza imputa en una nueva pieza a la pareja de Ayuso por corrupción y administración desleal
Se trata de una pieza separada de la principal en la que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya estaba siendo investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

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La magistrada Inmaculada Iglesias cita a declarar como investigados por dos nuevos delitos el próximo 10 de abril a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Le imputa por presunta corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Se trata de una pieza separada de la principal en la que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya estaba siendo investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
Desde la Audiencia Provincial de Madrid rechazaron el recurso del empresario en contra de la apertura de esta nueva investigación y ahora la jueza abre esta pieza separada. Los jueces de la instancia superior detallaron que "las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta".
Alberto González Amador ha sido citado en varias ocasiones bajo el marco de la investigación principal. Esta fue prorrogada durante seis meses más, que se centra en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En la última ocasión, el 24 de febrero, se acogió a su derecho a no declarar.
Posible utilización de una sociedad pantalla para "ocultar ingresos"
Hace unas semanas, la Audiencia Provincial respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona -administrada por González Amador- y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta".
La Fiscalía ya señaló en un escrito que ven necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal. Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.
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