El juicio de los ERE se suspende provisionalmente por enfermedad del exconsejero Francisco Vallejo

El juicio de la pieza política del caso ERE, contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, se ha suspendido provisionalmente a petición de la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, operado de urgencia el pasado miércoles. La abogada de Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido la suspensión ante la imposibilidad de su cliente -de baja con reposo médico en su domicilio- de asistir y considerar que su estado "débil" y "medicado" le impide suplir su asistencia con el visionado de las cintas.

El tribunal ha acordado que el forense de guardia examine la documentación médica y decida este extremo y si lo considera necesario vaya a examinar su estado a su casa, un informe solicitado por la Fiscalía. El tribunal ha acordado suspender provisionalmente la sesión hasta contar con el informe del forense, por lo que ha dicho a las partes que permanezcan en los juzgados o alrededores.

Este lunes estaba previsto que el juicio se reanuda este lunes con el interrogatorio a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación. Álvarez fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz desde agosto de 1994 a febrero de 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte hasta 2009.

Cuando estalló el caso ERE, era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió en 2014, un año después de su imputación por la jueza instructora Mercedes Alaya, cuando la Audiencia de Sevilla ratificó dicha imputación.

A diferencia de 15 de los 22 procesados en este juicio, Álvarez no está acusada de malversación, sólo de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas. La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por PP-A y Manos Limpias le piden una pena de 10 años de inhabilitación. En función de la duración de los interrogatorios -la semana pasada el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exviceconsejero Agustín Barberá pasaron más de tres horas respondiendo a preguntas del fiscal- a Álvarez le seguirán en las sesiones previstas esta semana otros responsables de su consejería.