El juicio contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se reanudará este jueves con la exposición por parte de los tres abogados de las acusaciones, José Luis Choclán, Ignacio Peláez y Pablo Rodríguez Mourullo, el representante de la Fiscalía Antolín Herrero y el letrado que representa al juez acusado, Francisco Baena, ante la Sala de sus informes de conclusiones, que todas las partes han elevado a definitivas.
Al término, Garzón podrá ejercer su derecho a la última palabra y dirigirse al tribunal presidido por el juez Joaquín Giménez si considera necesario realizar alguna precisión o nueva aportación que pueda servir a su defensa. El juicio ha sido señalado para tres días, lo que supondría que la última jornada se desarrollaría hoy. Es previsible que el alto tribunal cumpla este calendario.
Durante la segunda jornada del juicio la Sala ha escuchado la declaración del ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario José Luis Ulibarri Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento.
El letrado de los acusados en Gürtel asegura que se vulneró su derecho de defensa
Peláez ha desmentido que los abogados de la Gürtel se coordinaran para blanquear capitales y ha denunciado que el juez, los policías y el Ministerio Fiscal conocían todos los "movimientos" de las estrategias de defensa. Las acusaciones piden pena de multa y 17 años de inhabilitación para el juez. A continuación, ha testificado el Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la UDEF en el "caso Gürtel", Manuel M.T., que fue quien ejecutó la grabación de los encuentros que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados.
El agente ha manifestado que Garzón le dijo expresamente y "de qué manera" debía preservar el derecho de defensa de los imputados al realizar las escuchas. Durante la tarde ha prestado declaración el comisario jefe de la UDEF que ha puesto de manifiesto que el juez de la Audiencia Nacional les comunicó que el derecho de defensa "debía prevalecer sobre cualquier cosa" cuando intervinieron las conversaciones en prisión.
Por último ha testificado el funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 Vicente Maroto, que ha recordado las horas previas al dictado del auto por el que se intervinieron las conversaciones. "Baltasar, hay que hacer algo", dijo al juez la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, según este testigo.
Se reproducirán a puerta cerrada algunas de las escuchas
La defensa de Garzón, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, ha solicitado la declaración del comisario jefe de la UDEF y de dos funcionarios de esta unidad para preguntarles las razones por las que solicitaron 'pinchar' las conversaciones entre los abogados y los imputados de la Gürtel.
El tribunal ha señalado tres sesiones para celebrar el juicio por las escuchas de la Gürtel y pretende escuchar en principio las comparecencias testificales este miércoles, sin perjuicio de que puedan extenderse a días posteriores.
Además, ha aceptado la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones que fueron intervenidas siempre que las partes justifiquen su interés para la causa y acoten los fragmentos relevantes. En la primera sesión también ha admitido la testifical del funcionario Vicente Maroto, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.
Este martes dio comienzo el juicio con la comparecencia ante el tribunal de Baltasar Garzón. El juez aseguró en el banquillo que su intención no era otra que la de" "evitar la continuación de la acción delictiva relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España. Gárzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posiblidad que tenía",
El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
