La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra este martes la vista del artículo de previo pronunciamiento en la causa contra el 'procés' independentista en Cataluña. Se trata del trámite de cuestiones previas que servirá de prólogo al juicio contra los 18 exdirigentes catalanes -que no estarán presentes en la sesión- para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.
Será la primera vez que puedan verse conformada la Sala, que integran Manuel Marchena como presidente y los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer y Andrés Palomo. A un lado del tribunal se situarán los cuatro representantes de la Fiscalía -Jaime Moreno, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza-, la abogada del Estado Rosa María Seoane -recién incorporada a la causa tras la sustitución de Edmundo Bal-, los letrados de Vox -que ejerce la acusación popular- y los abogados de los 18 acusados. La expectación es tal que sólo para este asunto previo se han acreditado hasta 70 medios de comunicación y 226 periodistas.
De este modo, la Sala Segunda del alto Tribunal pone en marcha la fase previa de juicio del 'procés'con una vista pública en la que los abogados de los 18 líderes independentistas volverán a insistir en que el alto tribunal no es competente ni para estudiar los hechos, ni para enjuiciarlos. Por ello, defenderán que la causa se remita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)para que celebre el juicio. Estas ya fueron expuestas por los abogados en sendos escritos que presentaron ante la Sala, una vez que ésta les dio plazo para ello tras conocerse las acusaciones provisionales de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
Estado de salud de los acusados
La vista se celebrará sin presencia de los acusados, si bien está en el aire un posible adelanto del traslado a Madrid, desde la cárcel de LLenoders (Barcelona), de los cuatro que cumplen prisión preventiva y que iniciaron el pasado 2 de diciembre una huelga de hambre: el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull.
Fuentes judiciales han señalado que aún no se ha adoptado ninguna decisión relativa a este asunto, que en todo caso corresponde al tribunal al tratarse de presos preventivos. Los magistrados deben garantizar que llegan al juicio en buenas condiciones tanto físicas como mentales.
En prisión preventiva se encuentran además de los cuatro en huelga de hambre el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, y Dolors Bassa, el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart, respectivamente, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. No se espera su presencia en la sala, junto con el resto de acusados, hasta el inicio de la fase de interrogatorios del juicio oral que se prevé que comience entrado el mes de enero.
La vista se celebra tras rechazarse las recusaciones presentadas contra Marchena, tras conocerse su nombre como candidato a presidir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el mensaje del senador 'popular' Ignacio Cosidó en el que presumía de que con este nombramiento se controlaría la Sala Segunda "desde detrás", y por extensión al resto de magistrados, recurriendo a la denominada 'doctrina Otegi' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
De rechazarse este incidente el juicio se celebrará tal y como previó desde el principio en el Supremo, en sesiones que pueden extenderse durante varios meses en las que la Fiscalía tratará de justificar su petición de penas por delitos de rebelión. Entre ellas, 25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.
La Abogacía del Estado se desmarcó de los criterios de la Fiscalía y solicita penas por un delito de sedición que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público para los principales encausados, mientras que Vox sí ve rebelión y reclama condenas de cárcel que se elevan hasta los 74 años en el caso de Junqueras.
