El líder de ERC, Oriol Junqueras, pedirá ser trasladado a una cárcel catalana y poder acudir a los plenos del Parlament, incluso para ser investido presidente si finalmente no lo es Carles Puigdemont, si tras su comparecencia de mañana en el Tribunal Supremo todavía continúa en prisión.
Así lo ha anunciado el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en una entrevista radiofónica, la víspera de la vista convocada por la sala de apelación del Supremo para decidir si mantiene o revoca la decisión del magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, que avaló la prisión provisional que el 2 de noviembre acordó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
El abogado de Junqueras ha reconocido que es "incierto" el resultado de la vista de apelación mañana, a la que Junqueras ha pedido estar presente y en la que la defensa alegará que dejarle en libertad no sólo va en apoyo de sus derechos personales, sino de los derechos colectivos, una vez ha sido elegido diputado en las elecciones del 21-D.
El peso de este argumento es "enorme", ya que el propio magistrado Llarena sostuvo en la resolución en la que confirmó la orden de prisión acordada por Lamela que esta medida se podía revisar tras las elecciones, según Van den Eynde.
El letrado ha admitido no obstante que, pese a que la sala del Supremo se debe guiar por "criterios jurídicos", sus integrantes estarán "influidos" por el contexto político y social y por sus circunstancias personales. Si la sala de apelación del Supremo no acepta la petición de excarcelación, Junqueras defenderá un "escenario" que sea compatible con el "ejercicio de sus derechos políticos", con un traslado a una cárcel catalana y con la petición de un permiso para salir de prisión para acudir a los plenos del Parlament.
En este sentido, el abogado ha indicado que si Puigdemont, que sigue fugado en Bélgica, no puede ser investido president y Junqueras es el elegido, tiene "derecho" a acudir al Parlament a la sesión de investidura y ser nombrado presidente de la Generalitat.
Por otra parte, el letrado ha indicado que no le ha planteado ninguna recomendación jurídica a su clienta Carme Forcadell, que pagó una fianza de 150.000 euros para salir de la prisión -en la que permaneció una noche-, a la hora de que decida si opta o no a repetir como presidenta del Parlament.
