JxCat ha presentado hoy sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, en las que le pide que no admita a trámite la impugnación sobre la investidura de Carles Puigdemont al entender que una intervención del alto tribunal sería "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad".
El primer grupo independentista del Parlament, a través del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, ha solicitado así que no se admita a trámite la impugnación promovida por el Gobierno central contra la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, según la cual propuso la investidura de Puigdemont, expresident que está huido en Bruselas de la justicia española y no ha regresado.
El letrado razona en el escrito que se trata de una impugnación "preventiva, fundamentada en situaciones hipotéticas y basada en meras presunciones", y en esta línea, recuerda que el Consejo de Estado ya dijo al Gobierno que no era el momento de presentar un recurso porque había que esperar a que se produjeran los preceptos para impugnarlos.
El abogado también considera que la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias como puede ser una investidura supondría "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad, puesto que la intervención del Tribunal implicaría tanto como entrar a fiscalizar la expresión de una voluntad política".
En el escrito, JxCat sostiene además que, en el caso de Puigdemont, "no estamos dentro de ningún supuesto de inelegibilidad o imposibilidad de investir al candidato" En este sentido, la admisión a trámite de la impugnación supondría una suspensión de los efectos de la propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat, lo que "comportaría la vulneración grave del derecho fundamental" de Puigdemont "de ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas", añade el escrito.
El grupo parlamentario razona, asimismo, que optar por la vía de la impugnación al TC, con la subsiguiente suspensión si se admite a trámite, constituye un "abuso de derecho" por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que utiliza ese "privilegio procesal para finalidades preventivas y ajenas al objeto propio del control de constitucionalidad".
"Resulta a todas luces desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo acudir a la impugnación en sede constitucional de un acto parlamentario, obligatorio según el Estatuto de Autonomía", añade el texto, que avisa que se pretende suspender "actos manifiestamente legítimos y que tienen un perfecto encaje legal". JxCat también remarca que suspender la investidura -aún sin fecha de celebración- sería restringir el derecho al sufragio sin una sentencia firme condenatoria, lo que supondría, a su juicio, una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
