La justicia británica desestimó la petición de extradición de España del jefe de los servicios de inteligente de Ruanda, Karenzi Karake, reclamado por terrorismo y crímenes contra la humanidad.
El general ruandés está acusado del asesinato de nueve españoles -seis religiosos y tres cooperantes de Médicos del Mundo- entre 1994 y el año 2000 y de participar en el genocidio de más de cuatro millones de personas durante la guerra entre los hutus y tutsis.
"El proceso ha sido sobreseído hoy", informó hoy un portavoz de la Corte de magistrados de Westminster, en Londres, que aseguró que "las acusaciones mencionadas en la orden de detención no estaban entre las infracciones contempladas" por la ley de extradición británica.
La ministra de Asuntos Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, celebró la decisión y dijo que estaba "encantada" de que Karake pudiera regresar al país. "¡Estoy encantada! Éste fue un proceso totalmente innecesario y muy ofensivo", señaló Mushikiwabo en su cuenta en la red social Twitter. El presidente ruandés, Paul Kagame, había criticado duramente la detención de Karake y afirmó que el Reino Unido estaba mostrando "una actitud colonialista".
"Muchas gracias a nuestra defensa, que trabajó sin parar, a nuestros amigos y al irrompible espíritu de lucha ruandés", dijo hoy Kagame en Twitter. El Gobierno de ese país mantuvo que el general era inocente y que los cargos contra él estaban "motivados políticamente".
Por su parte, la Unión Africana (UA) había calificado de "amenaza" a la "seguridad y la estabilidad de Ruanda y de toda África" la detención en la capital británica de Karake. Karake fue arrestado el pasado 20 de junio en el aeropuerto londinense de Heathrow tras la orden cursada por España, pero fue liberado bajo fianza de un millón de libras (1,4 millones de euros) pocos días más tarde. El general fue asistido en su defensa por la letrada Cherie Blair, esposa del exprimer ministro laborista británico Tony Blair (1997-2007).
El magistrado, que le retiró el pasaporte diplomático y le prohibió salir del Reino Unido hasta la celebración del juicio, le instó a estar localizable las 24 horas del día y a fichar diariamente en una comisaría. En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la detención de Karake tras acusarlo a él y a otros 39 altos y exaltos cargos militares de Ruanda de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.
En su auto de procesamiento, el juez Andreu indicó que en la década de los 90 más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas". Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de la organización no gubernamental Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.
