La Justicia embarga y bloquea todas las cuentas del comisionista Luceño

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha ordenado el embargo de todas las cuentas personales y de empresa de uno de los comisionistas implicado en el "caso mascarillas", Alberto Luceño, además de las propiedades a nombre de la empresa en la que es apoderado. Con este paso, Luceño no podrá vender alquilar o vender su vivienda, ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

La decisión de la Justicia implica que las tres cuentas corrientes a su nombre y de sus empresas quedan bloqueadas, así como sus cinco tarjetas bancarias (cuatro de crédito y una de débito). En total, el saldo que Luceño acumulaba en ellas es de 130.000 euros, muy lejos de los cinco millones y medio de euros que solicita la Fiscalía Anticorrupción.

Según la investigación, Alberto Luceño cobró casi cinco millones de euros por la operación de venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid. Con ese dinero, entre otras cosas, adquirió varios vehículos de alta gama. Ahora el juzgado reconoce que el proceso para embargar esos vehículos será complicado: no hay ni rastro del Range Rover y el Lamborghuini Huracan Eco Spiderque compró porque fueron vendidos cuando la investigación ya estaba abierta. En una providencia remitida a las partes, el juzgado pide que se reclamen nuevas medidas cautelares para tratar de asegurar las responsabilidades civiles.

En ese sentido, Más Madrid ya ha solicitado un nuevo movimiento judicial: "Hemos pedido al juez que investigue todos los bienes materiales de Medina y Luceño para garantizar que el dinero de los madrileños vuelva a la ciudad", ha asegurado su portavoz, Rita Maestre. La formación pide, además, aclarar la relación entre los comisionistas, los concejales del equipo de gobierno y el Partido Popular.

Y más complicaciones. El proveedor malasio que habría proporcionado a los comisionistas el material sanitario, San Chin Choon, no ha accedido a colaborar con la investigación y no prestará declaración desde su país. Sin estar formalmente acusado, las leyes de ese país sólo permiten interrogarle si lo hace de forma voluntaria, algo que ha declinado.

Ya en mayo de 2021 la Fiscalía solicitó a las autoridades de Malasia que interrogaran a Chin Choon para comprobar si firmó los contratos y formalizó la compraventa del material sanitario. Durante varios meses las autoridades de Malasia intentaron localizarle e incluso pidieron información adicional. Ahora, finalmente, han dado con su paradero pero, al menos de momento, no ha accedido a colaborar y no cooperará. Es la respuesta a la comisión rogatoria.

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