Imagen de la fachada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

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REACCIONES A LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

La Justicia española pide protección para el juez Llarena y su familia tras las pintadas cerca de su casa de Girona

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a su familia, después de conocer que la casa que tiene en Das (Girona) ha aparecido con pintadas que lo acusan de "fascista".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a su familia, después de conocer que la casa que tiene en Das (Girona) ha aparecido con pintadas que lo acusan de "fascista".

Después de reunirse el CGPJ en sesión extraordinaria tras conocer el incidente contra la residencia del juez que ha procesado a los implicados en el ilegal proceso independentista catalán, los magistrados han emitido una declaración. En ella también se solicita protección para los restantes jueces y magistrados en Cataluña.

Según la nota del CGPJ, las acciones contra la residencia de Llarena "entrañan una manifiesta coacción sobre el magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial".

Además de poner en conocimiento del suceso al Ministerio del Interior, el CGPJ lo ha hecho ante la Fiscalía General del Estado para que se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido. El Consejo llama asimismo "a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley".

Porque "solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia", según el CGPJ, que ha advertido que "amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña".

La declaración ha sido aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.

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