Ayuntamiento de Barcelona
La Justicia ordena imputar a Ada Colau coacciones y prevaricación a un fondo buitre
La alcaldesa, según la acusación, incurrió en delito para defender a unos okupas ante el grupo inmobiliario Vauras Investments
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Nueva acusación judicial contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La Audiencia Provincial de la capital condal ha reabierto la causa contra la alcaldesa tras la querella de del grupo inmobiliario Vauras Investments, que la acusa de prevaricación administrativa y coacciones por el conflicto que el consistorio y el fondo mantuvieron por un bloque ocupado en dicha ciudad.
En su día, el Ayuntamiento de Barcelona multó a Vauras Investments porque la empresa se negó a ofrecer un alquiler social a los okupas del conocido como 'Bloc Llavors', que fue finalmente desalojado por los Mossos d'Esquadra en marzo de 2020.
Además de Colau -investigada en paralelo por un caso de supuestas subvenciones ilegales- la querella también se dirige contra Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Vivienda e Inspección. Todos ellos tendrán que declarar en calidad de investigados. Además, la Audiencia Provincial requiere al consistorio los correspondientes expedientes administrativos.
Querella archivada en 2020 y reabierta ahora
El Juzgado de Instrucción 38 de Barcelona archivó la querella del grupo inmobiliario Vauras Investments en noviembre de 2020, y ahora la Audiencia ha ordenado admitirla a trámite, aunque solo por los dos delitos citados, excluyendo así el presunto cohecho y el tráfico de influencias, señala el diario 'ABC'.
La Audiencia asegura en su auto que no cuestiona la "facultad" y la "competencia" del Ayuntamiento de Barcelona para "fomentar la consecución de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad, en línea con lo que establece la normativa emanada del Parlament para afrontar la emergencia existente en estos tiempos en el ámbito de la vivienda".
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"Lo que se censura en la querella y sería repudiable penalmente, de ser cierto, es que, para conseguir esas cesiones de vivienda para fines sociales se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarles perjuicios, en suma, si no acceden a esa pretensión del Ayuntamiento", remarca el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe.
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